El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige la juez Mercedes Alaya, apunta la posibilidad de que se abran "nuevas líneas de investigación" en base a la documentación intervenida en el marco de la denominada operación Madeja, desarrollada en julio pasado y en la que se investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.
En un auto dictado el pasado 8 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez que sustituyó a Mercedes Alaya durante sus vacaciones acordó prorrogar un mes más el secreto de sumario en torno a este caso, por el que fueron detenidos tanto Castaño como su mujer, la abogada Ana María Vaquero, el administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo, y el exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo.
Castaño fue el único de los cuatro detenidos que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de julio después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla, que estimó de este modo el recurso de apelación presentado por su letrado, José Manuel García-Quílez, contra el auto de prisión dictado por la juez Alaya.
En el auto, la juez dice que las razones esgrimidas por el grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que se prorrogue el secreto de las actuaciones "evidencian la gravedad de los delitos investigados".
"ABUNDANTE" DOCUMENTACIÓN
Asimismo, prosigue la juez, la "abundante" documentación intervenida en las "numerosas" entradas y registros practicados con motivo de la operación 'Madeja', "amén de toda la que ha entregado el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Guardia Civil, y que se encuentra pendiente de analizar completamente, arrojaría otros indicios que soporten nuevas líneas de investigación".
La juez asevera que estas "nuevas líneas de investigación" y la "concreta identificación de las personas que pudieran ser responsables" de los hechos "podrían verse comprometidas de no protegerse con el secreto".
Por ello, la juez prorroga el secreto "para que se completen las investigaciones" por parte de la Guardia Civil, ya que "persisten las mismas circunstancias que motivaron la inicial declaración de secreto", circunstancias que "no se describen en la presente resolución, pues frustraría su finalidad y podrían llevar a parte interesada a la manipulación, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba, anulando así la acción policial y judicial, cuya finalidad no es otra que asegurar el valor constitucional de la Justicia, determinando la existencia de delitos y en su caso la identidad de sus presuntos autores".
"GRAVEDAD"
"Se estima por tanto que la medida que se acuerda es totalmente proporcional con la gravedad de los hechos expuestos", dice la juez, que insta a la Guardia Civil a "emplear la máxima diligencia" en sus investigaciones, "dando cuenta periódica del avance" de las mismas, lo que garantiza "el control judicial".
La juez Alaya imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.
Durante su declaración ante la juez, el administrador de Fitonovo aseguró que, entre los años 2005 y 2006, entregó un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño y que le dijeron que este sobre con la cantidad de dinero referida "era para el PSOE", punto en el que subrayó que el dinero entregado "no era a cambio de nada", porque además "los contratos ya estaban dados".
ENTREGA DE TELÉFONOS MÓVILES
También dijo que entregó a Castaño siete teléfonos móviles Nokia para que los repartiera, aunque no precisó quiénes serían los últimos destinatarios de estos teléfonos.
Esta operación viene derivada de la investigación en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, en el marco de la cual la magistrada pidió a la Guardia Civil que investigara el enriquecimiento "sospechoso" de Castaño.
A raíz de esta investigación, los agentes habrían llegado a la conclusión de que Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas referidas.
Además de los cuatro detenidos, la Guardia Civil imputó en el marco de la operación 'Madeja' a la mujer del administrador de Fitonovo, Pilar Baró, y al responsable de una gestoría que le llevó las cuentas a esta empresa.