Mercasevilla, una sociedad mixta participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y gestora del mercado central de abastos, ha elevado a la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), un recurso contencioso administrativo contra las medidas emprendidas por el Gobierno andaluz para anular los actos administrativos firmados por el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, para aportar fondos autonómicos al expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por Mercasevilla.

El expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas quedaron en el aire en 2009 al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación judicial, en el marco de las diligencias incoadas por la juez Alaya por la anterior gestión de la sociedad mixta Mercasevilla y la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias promovidas con cargo a la a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.

EL CONFLICTO DEL ERE DE 2007

Y es que aunque entre 2007 y 2008 el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado varios documentos mostrando la "conformidad" de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera resolvió que estos actos fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio". El Gobierno andaluz, en ese sentido, defiende que sobre la Junta de Andalucía no pesan compromisos de financiación en cuanto estas prejubilaciones en cuestión.

En noviembre de 2012, como se recordará, el Juzgado de lo Social número ocho emitió la primera sentencia correspondiente a las demandas de los prejubilados de este expediente de regulación de empleo respecto a la financiación del procedimiento. Esta primera sentencia, recogida por Europa Press, resolvía la demanda promovida por el grueso de este colectivo de prejubilados ante la negativa de la Junta a financiar sus rentas.

EL PAPEL DE MERCASEVILLA

En esta sentencia, la citada instancia judicial zanjaba que Mercasevilla es el "único responsable en el pago de las indemnizaciones reconocidas" y, a tal efecto, condenaba a la empresa a pagar diferentes cuantías en 21 de 33 casos. El Ayuntamiento, la sociedad estatal Mercasa, la Junta, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la división aseguradora del Banco Vitalicio --actualmente 'Generali'-- y la consultora 'Vitalia Vida' fueron absueltos en todos los casos.

La sentencia, entre otros aspectos, consideraba "irrelevante el compromiso personal" formalizado por Guerrero en sus documentos al carecer los mismos de "todo trámite administrativo", con lo que el Juzgado de lo Social número ocho atribuía finalmente a Mercasevilla la responsabilidad exclusiva de sufragar las prejubilaciones del ERE de Mercasevilla. 

RECURSO CONTENCIOSO

Pues bien, como ha publicado 'El Mundo' y han confirmado a Europa Press fuentes de Mercasevilla, la sociedad gestora del mercado central promueve ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso por la vía Contencioso-Administrativa contra el procedimiento emprendido en 2012 por la Junta de Andalucía para anular los actos administrativos firmados por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, con relación a la financiación de las pólizas de seguro de rentas asociadas al expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por el mercado central hispalense, Mercasevilla.

 Reclama la empresa, en su recurso, una cuantía de 6.910.814 euros, dado que Mercasevilla asume en solitario los costes de las rentas acordadas en el ERE de 2007 desde que en 2009 la Consejería de Empleo suspendiese los pagos motivando el conflicto ya desgranado.