Un hombre de 52 años de edad, que cuenta con dolencias “graves” y unos ingresos de 426 euros, ha pedido al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que admita su queja e investigue si la actuación del Ayuntamiento de Sevilla “incumple su propio acuerdo” para dar viviendas en alquiler social a casos de exclusión social, después de que pidiera a principios de mayo una vivienda municipal y a día de hoy no haya obtenido respuesta, pese a que el desahucio de su actual vivienda está señalado para el 7 de octubre.
Según el escrito al que tuvo acceso Europa Press, el afectado subraya la urgencia de acceder a una vivienda de alquiler social, dado que el alzamiento de su actual vivienda está marcado para el 7 de octubre, y recuerda que se encuentra en una situación “dramática”.
“Estoy enfermo, llevo un marcapasos y tengo otras dolencias graves, sólo percibo 426 euros y voy a verme en la calle, pese a que solicité al Ayuntamiento un alquiler social con tiempo suficiente, pero sólo me han dado largas de un distrito a otros”, advierte, recordando que la petición al consistorio fue realizada desde el 6 de mayo.
De este modo, pide al Defensor que exija al Ayuntamiento que cumpla con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local y le adjudique una vivienda de forma inmediata, en la que se establezca una renta mensual del cinco por ciento de sus ingresos, indicando que está fuera de la aplicación de la lista de reserva y el orden de registro de demandantes de VPO en alquiler dada su urgencia y “exclusión social”.
Igualmente, en el escrito que había remitido al Ayuntamiento, con fecha 6 de mayo, subraya su intención de abonar al Consistorio un alquiler acorde a sus ingresos y pide un realojo urgente en una vivienda municipal, “a ser posible en Sevilla Este, donde conozco la zona”. Así, pone de manifiesto su “extrema vulnerabilidad” e insta a ayudarle en esta difícil situación para no tener que terminar en la calle.