El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se encuentra en proceso de investigación de las circunstancias en las que pudo causarse la muerte de un ejemplar de lince ibérico cuyo cadáver ha aparecido, en avanzado estado de descomposición, en la zona conocida como Dehesa de Torneros, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla).
Según los datos del proyecto LIFE Iberlince recabados por Europa Press, la pasada semana técnicos del equipo localizaron los restos del animal, que fueron trasladados al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD) de la Junta de Andalucía, donde se le realizó la necropsia. Así, en la radiografía practicada en el cráneo del animal se observan hasta seis orificios de municiones --perdigones del calibre 6--, siendo ésta la causa de la muerte.
La Benemérita investiga este acto al suponer un atentado contra la conservación de un animal protegido, "patrimonio de todos los andaluces", y un acto de furtivismo que atenta contra el colectivo de cazadores.
Tras tener constancia de lo sucedido, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha precisado a Europa Press que pondrán el caso en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente, a la que plantearán el cierre cautelar de los cotos y medidas sobre la actividad cinegética, y de la Unión Europea (UE), "a la que haremos saber que el dinero que destinan para la recuperación del lince, con el proyecto LIFE, se despilfarra por lo que hace una pandilla de desalmados".
"Según nuestras estimaciones, entre atropellos y disparos, y en función de los recursos destinados para la recuperación del lince, cada ejemplar nos cuesta un millón de euros", ha lamentado Romero, que ha exigido "no tolerar que cuatro pistoleros los maten con total impunidad".
Así, el portavoz de Ecologistas en Acción ha exigido una persecución "criminal" contra la actividad de estas personas, instando a exigir responsabilidades en base al dinero que se gasta y a la "mucha permisividad" que consideran se tiene para con ellos, "pues todos saben quienes son".
Y es que la labor de vigilancia en el interior de los cotos y por parte de los propios cazadores debe ser parte fundamental de la solución, según Romero, que ha recalcado que aún no se ha detenido a nadie por disparar a una especie protegida.