El dueño de una empresa de aceitunas de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha sido condenado a dos años de cárcel y el pago de 40.486 euros de indemnización por hacer vertidos de alpechín al río Guadiamar, que es espacio protegido junto a su corredor verde.

Una sentencia del juzgado penal 2 de Sevilla, a la que ha tenido acceso Efe, dice que el acusado Manuel David J.N., administrador de una empresa familiar de aceitunas, aprovechó para hacer el vertido el periodo de lluvias y lo hizo a través de unos agujeros situados en la pared de la propia fábrica.

De allí los desechos caían directamente al terreno e iban a parar al arroyo Santa Ana, tributario del Guadiamar, a través de una tubería de plástico y de una arqueta situada a unos 105 metros de su fábrica.

Esta arqueta estaba "camuflada" con un palé de madera, en cuyo interior había una llave de paso de una tubería que desembocaba directamente en el arroyo y otra tubería de unos 60 centímetros de diámetro que conectaba a su vez con otra arqueta de recogida de residuos de la industria.

La empresa carecía de autorización para hacer estos vertidos, precisa la sentencia, y como consecuencia de los mismos la Guardia Civil encontró en el río sólidos en suspensión, cloruros y orgánicos en concentraciones superiores a las permitidas.

Añade que el río Guadiamar está incluido en la Ley de Espacios Protegidos de Andalucía y su corredor verde es paisaje protegido.

Según la sentencia, los vertidos realizados "pueden perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales" y en este caso concreto "resulta evidente y patente ese peligro abstracto, dado que tras el vertido se alteraron las condiciones iniciales del caudal hidráulico, al poder observarse a simple vista".

A la vez, la juez considera demostrado el dolo del acusado pues "la arqueta con la llave de paso se hallaba escondida debajo de una tapa y la tubería disimulada tras unos escombros".

El empresario es condenado a dos años de cárcel y multa de 1.440 euros por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, junto a otra multa de 1.800 euros por un delito de daños y la obligación de indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en 40.486 euros.