El Consejo Andaluz de Comercio, en el que están representados todos los agentes sociales, no atendió ayer del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y mantuvo la zona de los monumentos Patrimonio de la Humanidad como Zonas de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios comerciales, que se pondrán aplicar en Semana Santa y el periodo comprendido entre el 2 al 31 de mayo.
La decisión ha sido duramente criticada por el presidente de la asociación de comerciantes del centro (Alcentro), Enrique Arias, quien en declaraciones a Europa Press ha considerado que el Consejo Andaluz del Comercio es “rehén” de los sindicatos y ha exigido a Juan Ignacio Zoido que la impugne.
Según Arias, la decisión “no incluye ninguna de las peticiones y modifica el mes en el que más daño nos hace porque no se pueden aprovechar las ventas de campaña”, ya que pedían establecerla en marzo y abril, antes de las fiestas de la primavera, pero que la resolución final es en la Semana Santa y en mayo, que es “cuando terminan las citadas fiestas”.
“La Junta está siendo rehén de los sindicatos, adoptando una medida que no favorece al empleo y exigimos al Ayuntamiento que impugne judicialmente esta decisión”, deja claro Arias, que recuerda que la ZGAT la “aprueba la Junta pero en base a una legislación nacional y a instancias del Ayuntamiento competente”.
Según Arias, “si al Ayuntamiento se le ha denegado sin ningún tipo de argumento es susceptible de recurso, lo que exigimos que se realice”.
Sin embargo, el delegado de Economía y Empleo, Gregorio Serrano, anunció ayer que no recurrirá el acuerdo porque “no es un problema jurídico, sino eminentemente político, donde PSOE e IU están dando la espalda al pequeño comercio del centro”.
Según Serrano, es “alarmante” que estas cuestiones con “tanta trascendencia económica las deje el PSOE en manos de un partido tan alejado de la realidad como IU”.
Por su parte, el portavoz socialista, Juan Espadas achacó ayer este acuerdo que “no se haya logrado acuerdo alguno en un tema especialmente sensible” a la “falta de consenso” y al “no hacer los deberes” por parte del gobierno de Juan Ignacio Zoido.
Para Espadas, se ha repetido lo que ocurrió el año pasado, abriéndose el debate de espaldas a los procedimientos y a los órganos asesores de la ciudad.
