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Sábado 16/11/2024
 
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Sevilla

La Fiscalía pide dos años de cárcel para un exconcejal de La Algaba por apropiarse de 3.000 euros

El Ministerio Público pide para el acusado, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, dos años de cárcel y de inhabilitación para empleo o cargo público, así como el pago de una multa de 900 euros

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La Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel para el ex concejal y coordinador de Alcaldía del Ayuntamiento de La Algaba Antonio Muñoz Molina por apropiarse de 3.000 euros que, en virtud de una resolución del alcalde, debían ir destinados realmente a pagar una serie de gastos de electricidad, hechos que serán enjuiciados por un jurado popular a partir del próximo viernes en la Audiencia Provincial de Sevilla.

   En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide para el acusado, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, dos años de cárcel y de inhabilitación para empleo o cargo público, así como el pago de una multa de 900 euros.

   Según indica la Fiscalía, el entonces alcalde de La Algaba dictó una resolución el 30 de marzo de 2009 por la que autorizó el pago de 3.000 euros al inculpado "en el concepto 'a justificar' para sufragar gastos derivados de conexiones eléctricas".

   No obstante, y "en vez de destinar el dinero recibido a los fines encomendados", el inculpado "lo incorporó de forma ilícita a su patrimonio personal", dice el fiscal, que añade que, en el momento de producirse los hechos, el acusado era jefe de área adscrito a la Alcaldía en virtud de un contrato laboral.

   El día 24 de marzo de 2010, un día antes de declarar como imputado, el acusado devolvió el dinero presuntamente malversado.

   Hay que recordar que el acusado ya fue condenado el pasado mes de julio a nueve meses de cárcel, cuatro años y medio de inhabilitación y 67.000 euros de multa a cuenta de un delito de cohecho en la causa por la que también se condenó a dos años y seis meses al exalcalde de La Algaba José Luis Vega (IU-CA) por pedir a unos empresarios una comisión de 60.000 euros a cambio de la concesión de una licencia.

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