El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, defendió ayer que la instalación de la Zona Franca en el Puerto de Sevilla está pendiente de que se apruebe y delimite el cerramiento del área en el que se instalará, defendiendo que se desarrolla “conforme a los plazos establecidos”.
Según el alcalde, el estatuto de la Zona Franca, que debe aprobar el Consejo de Ministros tras la propuesta de Fomento, debe “aprobar y delimitar” el área en la que se instalará la Zona Franca del Puerto, que podría también incluir al aeropuerto de San Pablo, y posteriormente, ejecutar esas obras, “conforme a las prescripciones de Aduanas y del servicio de la Guardia Civil”.
“Una vez el recinto esté cerrado, se aprobará el reglamento”, según el alcalde, que vinculó a la adjudicación y ejecución del cerramiento el proyecto. “Sin él no puede haber Zona Franca”, dijo, aunque se encargó de resaltar que “no habrá problema” para que el Ayuntamiento siga liderando esta iniciativa a pesar de la reforma local.
Sobre este aspecto también habló Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, quien insistió en que el Puerto “tiene que tener un tratamiento especial” por ser fluvial y que desde Fomento y Madrid “se mira sólo a los puertos costeros” cuando así no se hace en Europa. “Es una cosa que va muy lenta, pero algún dia por la insistencia, caerá”, dijo.
También consideró conveniente licitar las obras del dragado en profundidad del Guadalquivir antes del 31 de diciembre de 2015 para no perder los fondos europeos.
Herrero, que sustituyó la palabra dragado por “optimizar la vía navegable”, consideró que tanto el proyecto del dragado como la modernización de los arrozales “pueden ir conjuntamente”, y no que el dragado tenga que esperar al arroz, un proyecto que estimó tardaría en realizarse de tres a cuatro años”.
“No vamos a ir contracorriente”, decía Herrero en referencia a los informes de científicos que aconsejan que se adopten las medidas medioambientales antes de iniciar el dragado, pero “si se puede hacer, que se haga”.
El proyecto de Modernización del Riego de los Arrozales, presentado ayer en Coria, permitirá un ahorro de 100 hectómetros anuales de agua de riego, descenso de la factura de la luz e incrementar la productividad de arroz por hectárea. El proyecto abarca 36.000 hectáreas y exige una inversión de 180 millones.