La plantilla de 'Vinnell-Brown & Root Spain' (VBR), sociedad gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) y los despedidos en el ERE han celebrado este viernes una concentración para pedir la readmisión "inmediata" de estos y han advertido de que realizarán más "presión".
Esta petición la hacen basándose en la sentencia del TSJA que declara "no ajustado a derecho" el despido colectivo. Mientras la empresa puede optar entre readmitir a los 66 despedidos o elevar simplemente sus indemnizaciones, los trabajadores reclaman que el Gobierno central fuerce a la 'VBR' a readmitir a los afectados.
José Armando Rodríguez (UGT), presidente del comité de empresa de 'VBR', ha explicado a Europa Press que más de 250 personas han participado en esta concentración a las puertas del aeródromo y en la que participaban además alcaldes y concejales del área de influencia de la base y la secretaria provincial del PSOE, Verónica Pérez.
En ese sentido, ha criticado la "esperpéntica" maniobra de la empresa, que según su relato habría enviado a la plantilla en activo una invitación para celebrar "una comida" a la misma hora de la movilización. "Menudo boicot", ha lamentado censurando que 'VBR' invite a los trabajadores a renunciar a la defensa de sus derechos "por una mísera comida".
En cuanto al fondo del conflicto, ha explicado que 'VBR' ha decidido no recurrir la sentencia, por lo que puede readmitir a los despedidos o incrementar simplemente sus indemnizaciones, que se limitaban al sueldo de 20 días por cada año de servicio, el mínimo estipulado por la Ley.
El presidente del comité ha señalado la creciente actividad castrense en la base, avisando de que la mejor prueba de tal extremo es que tras el ERE, la empresa ha promovido 48 contrataciones temporales, incluyendo en ellas a 12 de los afectados del ERE de 2013 pero para labores de categorías inferiores. "Despidieron a cinco bomberos y han traído a cinco bomberos estadounidenses", ha lamentado.
Por eso, y recordando que la sentencia niega que mediasen causas productivas u organizativas para los despidos, ha reclamado la "readmisión inmediata" de los afectados del ERE, solicitando además que el Gobierno central del popular Mariano Rajoy "tome cartas en el asunto" y exija a 'VBR' que de cumplimiento a la sentencia con la readmisión de los empleados y no con un mero incremento de sus indemnizaciones por despido.
Por último, ha recordado la decisión de los afectados de recurrir la sentencia al Tribunal Supremo (TS) bajo la premisa de que "hay motivos de sobra para que los despidos sean declarados nulos". "Habrá más presión", avisa.
La empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo "por causas organizativas" para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios.
Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que por cierto investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.
Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE.
En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, 'VBR' consumó el despido de 66 trabajadores con indemnizaciones de 20 días por año de servicio, el mínimo estipulado por la vigente regulación laboral.
Mientras Estados Unidos está ampliando aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones, el pasado 19 de febrero la sala de lo Social del TSJA celebró el juicio correspondiente a la demanda colectiva formulada por los citados 66 trabajadores contra sus despidos. Para los trabajadores el ERE de 2013 no tenía otro objetivo que avanzar hacia el número de despidos planeado en la regulación de 2010.
MÁS MARINES
La sentencia del TSJA, dictada el 31 de marzo y recogida por Europa Press, expone que, en efecto, en mayo de 2013 la base acogió el despliegue "temporal" de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, siendo entonces contratados nueve empleados de manera temporal.
En julio de aquel año, y según el fallo, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos indicaron a 'VBR', como sociedad adjudicataria de la gestión de los servicios civiles de estas instalaciones, "su propósito de no dotar partida de gasto alguno para los 70 contratos calificados como de 'retención' a partir del 30 de septiembre de 2013, en el contexto de un dimensionamiento adecuado de la carga de trabajo a realizar", lo que finalmente se tradujo en los citados 66 despidos.
En ese sentido, media en el asunto un informe pericial que refleja "la no existencia de cambios que supongan disminución apreciable de la actividad a desarrollar en la comparativa entre las condiciones de contratación de 2009 y la actualidad, apreciándose por el contrario un incremento de tareas en determinados departamentos, como los de dirección y administración, transportes o control de material".
Al respecto, el tribunal señala que si bien la empresa alegaba para los despidos "la modificación de las condiciones de la prestación contractual", el citado informe "deniega básicamente la concurrencia de las causas productivas aducidas por la empresa", tratándose de un estudio "fundado en los datos ofrecidos" por la propia compañía.
En paralelo, tanto el informe como la sentencia señalan el desembarco de "una nueva fuerza expedicionaria que precisaría una mayor cantidad de servicios de distinto orden" en las instalaciones.
La sentencia, no obstante, descarta una vulneración de derechos fundamentales porque si bien los demandantes alegaban que la empresa había "preferido" consumar los despidos sobre empleados españoles en lugar de la plantilla estadounidense, el tribunal señala la "evidente desproporción favorable a los trabajadores españoles en relación al número total de empleados", considerando que no ha sido acreditada ninguna "conducta discriminatoria".
La sentencia, además, descarta la tesis de que 'VBR' incurriese en una mala fe negociadora, manifestando la legitimidad de que la empresa demandada defendiese "sus criterios" a la hora de negociar los términos del expediente de regulación de empleo.
De tal manera, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estima parcialmente la demanda colectiva de los trabajadores despedidos y declara "no ajustada a derecho la decisión extintiva", si bien se trata de un fallo susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.