Las fuerzas de oposición del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), en el seno de la comisión informativa creada sobre la gestión de los fondos públicos transferidos a la Fundación Alcalá Innova, han solicitado la justificación de los 7,2 millones de euros transferidos a dicha entidad, entre otros aspectos. Dicha comisión responde a un acuerdo plenario aprobado por unanimidad después de que la Fundación Alcalá Innova licitase un "diagnóstico de percepción social sobre la ciudad y su gestión", un contrato que incluía "una estrategia de reposicionamiento" para "optimizar la imagen del alcalde" y que finalmente fue retirado por el Consistorio.
Durante esta primera sesión de la comisión, presidida por la concejal socialista Miriam Burgos, quien además ostenta la Vicepresidencia de la propia fundación, las fuerzas políticas han recibido, principalmente y según han informado a Europa Press fuentes municipales, la documentación correspondiente a los pliegos del citado concurso público, así como los pliegos de un concurso similar promovido allá por 2010.
LA OPOSICIÓN PIDE MÁS DOCUMENTACIÓN
Las fuerzas de oposición, de su lado, han reclamado la justificación de los 7,2 millones de euros transferidos por el Ayuntamiento a la Fundación Alcalá Innova desde su creación, así como la documentación relativa a otro diagnóstico socioeconómico promovido en 2005 y documentación complementaria correspondiente al de 2010, al entender que el expediente entregado no estaría completo. A la hora de constituir la comisión, los socialistas habrían descartado la comparecencia del alcalde pese a presidir él la Fundación, bajo la premisa de que era Mirian Burgos, por delegación, quien realmente dirigía la entidad en su rol de vicepresidenta.
En concreto, la Fundación Alcalá Innova, un organismo sin ánimo de lucro perteneciente al Ayuntamiento alcalareño cuyo fin es la gestión del Plan de Desarrollo Sostenible de Alcalá 2008 (PDSA), había licitado la contratación de un "servicios de consultoría para la realización de un diagnóstico de percepción social sobre la ciudad y su gestión".
Los pliegos técnicos del concurso, consultados por Europa Press, contemplaban, textualmente y entre otros aspectos, "la formulación de una estrategia de reposicionamiento, que posibilite el aprovechamiento eficaz de los dos años que quedan de legislatura para relanzar la percepción de mejora de la ciudad y de las condiciones de vida de la población y optimizar la imagen del alcalde y del equipo de gobierno", así como "un sistema de medición objetivo, estadísticamente validado, que mida el resultado de la estrategia de marketing político y electoral a aplicar durante estos dos años".
Igualmente, incluía "una encuesta cuantitativa, para la generalización y ponderación de los resultados del cualitativo en cuanto a la percepción social de la evolución de la ciudad, la identificación y jerarquización de la problemática del municipio, la valoración de la gestión municipal, del alcalde y del equipo de gobierno, la imagen y el posicionamiento de las distintas formaciones políticas y de sus líderes". El gobierno municipal, en ese sentido, había admitido un "error", anunciando la retirada de la contratación.
ACUERDO PLENARIO
Dado el caso, el PP había elevado a debate, en el último pleno ordinario, una moción proponiendo una "comisión de investigación" sobre este contrato, mientras el PA proponía también una comisión de investigación, pero sobre el conjunto de la fundación. Finalmente, ambas mociones fueron unificadas para proponer una comisión de investigación en torno a la gestión de los 7,2 millones de euros que el Ayuntamiento alcalareño ha transferido a la fundación desde mayo del año 2000, cuando fue constituida. Tal extremo, finalmente, fue aprobado por unanimidad.