El portavoz andalucista del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Alberto Mercado, ha elevado a la Fiscalía un denuncia relativa a hechos "muy similares" a los ya investigados por el Juzgado de Instrucción número ocho respecto a la gestión municipal tomareña, es decir, retribuciones en el pasado mandato, también a un miembro de la estructura local del PP, por servicios verdaderamente "no prestados" al Consistorio.
En su denuncia, recogida por Europa Press, el PA rememora la investigación judicial relativa a la contratación del edil popular del Ayuntamiento de Tomares Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato.
Las oposición denunciaba que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori', para justificar precisamente el dinero abonado a Campos, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los pagos se habrían prolongado hasta 2009.
IMPUTADO ELOY CARMONA
El concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; y el propio Juan Campos fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número ocho, después de que las fuerzas de oposición elevasen el asunto a la Fiscalía y el Ministerio Público promoviese su propia denuncia. Después, la juez imputó además a la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP), figurando también como imputado el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada 'Guerra 21'.
El Juzgado de Instrucción número ocho, tras investigar los hechos, ha dado cuenta de un informe emitido por la Policía Científica y según el cual los informes relacionados con la contratación de Juan Campos fueron elaborados "en febrero de 2013" y borrados en noviembre de dicho año. Dado el caso, y merced a la condición de aforado del alcalde, José Luis Sanz (PP), al ostentar un acta de senador por Andalucía, el juzgado ha resuelto elevar el asunto al Tribunal Supremo.
Pues bien, este lunes, Alberto Mercado ha comparecido ante la sede de la Audiencia Provincial para dar cuenta de "una nueva denuncia muy similar" a la ya descrita. "Lo que se hizo fue dar de alta en el Ayuntamiento al que era presidente del PP de Tomares, emitiendo facturas por unos informes que, según entendemos, no existen. No nos los dan porque tampoco existen", dice Alberto Mercado, quien explica que el PA cuenta con "documentación de los técnicos municipales que avala que los conceptos facturados, como informes y planes de emergencia, fueron elaborados por los propios técnicos municipales" y no por el entonces presidente local del PP, Mariano Cuesta Núñez.
EL PRESIDENTE DEL PP DE TOMARES
La denuncia, en ese sentido, señala las facturas emitidas por Mariano Cuesta Núñez con cargo al Ayuntamiento de Tomares durante el mandado 2007/2011, cuando según el PA éste hombre ostentaba la Presidencia del PP de Tomares. Los conceptos de tales facturas aluden al "desarrollo y funcionamiento del servicio municipal de Protección Civil", así como a la elaboración de "un plan de emergencia local en el municipio, un plan de autoprotección en los colegios y a la elaboración de un plan local de emergencia en los colegios públicos".
Para el PA, se trata del mismo "modus operandi" que en el caso de Juan Campos, porque "la ausencia de respuestas a las solicitudes que por Ley deben ser respondidas en el plazo de cinco días naturales, hacen sospechar que pueden estar elaborándose estos informes ex profeso para justificar las facturas emitidas por Mariano Cuesta Núñez y abonadas por el Ayuntamiento"
Y es que, según el PA, "los informes ni se realizaron ni se atendieron los fines para los que se facturó", argumentando entre otras cosas que en diciembre de 2010, fue aprobado por el pleno un Plan de Emergencia Municipal redactado por el técnico Carlos Dabán y en el que colaboraron técnicos de la Delegación del Gobierno y de las áreas municipales de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, entre otras, pero "sin que aparezca para nada que Cuesta Núñez realizara un trabajo externo y mucho menos que alguien facturase por elaborar el informe cobrado".
TAMBIÉN EL PP DE SAN JUAN
Igualmente, señala la denuncia que como responsable de Protección Civil, el informe cita a Jaime Fernández Truán, "concejal del PP en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache" y actualmente contratado por el Consistorio tomareño, extremo este último en el que el PA detecta un posible "fraude en la contratación administrativa" al no responder a los términos aprobados por el pleno para el "personal de confianza" del Consistorio.
Para el PA, Cuesta Núñez, mientras era presidente del PP de Tomares, habría sido contratado "para un trabajo que nunca se ha prestado", pues "no tenía despacho ni localización física alguna en el Ayuntamiento", del que habría cobrado al menos "12.000 euros". Señala además la denuncia la contratación del citado edil del PP de San Juan de Aznalfarache "al margen del personal de confianza contratado conforme a lo aprobado en el pleno de presupuestos".
Se trata, según el PA, de presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, así como un delito de los funcionarios públicos contra las garantías constituciones, todo ello "con la plena responsabilidad del alcalde", porque "debía conocer" los hechos pese a que las facturas en cuestión las firmase Eloy Carmona.
