El Grupo popular del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) está preparando una denuncia ante la Fiscalía, a cuenta de los diferentes informes de la Intervención de Fondos del Consistorio sobre el supuesto uso "abusivo" de las contrataciones temporales y el posible incumplimiento de los "principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el proceso de selección" de los trabajadores eventuales, entre los que figurarían familiares de los miembros del Gobierno local y miembros de las candidaturas del PSOE e IU-CA, socios en el gobierno local.
Álvaro Fernández, portavoz del Grupo popular, pone como ejemplo el informe elaborado en noviembre de 2013 por la Intervención de Fondos del Ayuntamiento en cuanto al pago de la segunda remesa de nóminas de contratos eventuales vigentes en octubre de aquel año. Y es que este informe de fiscalización, al analizar los pagos correspondientes a este grupo de contratos eventuales vigentes en aquel mes de octubre de 2013, avisa de que no es posible "decir que los contratos realizados estén cumpliendo los requisitos legales y del convenio, ya que se está utilizando la contratación temporal abusivamente, saltándose en ocasiones los principios constitucionales, así como el de publicidad para el acceso al empleo público".
En este prolijo informe, recogido por Europa Press, la intervención de fondos analiza estos contratos temporales y avisa, entre otras cosas, de que "no se aporta documentación alguna del procedimiento de selección del personal laboral temporal de los diferentes programas presupuestarios" y, por ende, "no se acredita que se respeten los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el proceso de selección".
EL AVISO DE LA INTERVENCIÓN
"No consta en esta Intervención la instrucción y ordenación de un expediente administrativo completo para la contratación del personal laboral temporal", avisa la interventora en este informe según el cual "los contratos no traen razón de un expediente conforme a la normativa general" y no consta tampoco "informe previo a la aprobación de las bases de la convocatoria, sin justificarse en su caso la utilización de la bolsa de contratación", aspecto necesario para "garantizar de forma suficiente el respeto a los principios de publicidad, concurrencia y capacidad".
Además, estas contrataciones temporales se suceden cuando "existen una serie de vacantes en las áreas de urbanismo, cementerio y educación, cuya cobertura se viene efectuando mediante contrataciones temporales por periodos quincenales o mensuales". "Esta manera de gestionar la provisión de vacantes incumple claramente los principios constitucionales de eficiencia y economía del gasto público de la Constitución Española, dado que se trata de plazas estructurales que figuran en la plantilla y su cobertura debería materializarse mediante un proceso selectivo de personal laboral fijo ajustado a derecho", concluye la Intervención al formular reparo a la aprobación y pago de la segunda remesa de las nóminas de contratos eventuales del Ayuntamiento de Lora del Río relativa al mes de octubre de 2013.
A partir de este documento, Álvaro Fernández explica que informes así de la Intervención surgen en cada una de las órdenes de pago del Ayuntamiento relativas a las nóminas del personal eventual, al menos desde el mes de enero de 2011, con lo que las circunstancias descritas pesan al menos sobre "1.850 contratos" eventuales suscritos entre enero de 2011 y el mes de junio de 2013, el periodo analizado por los populares para su denuncia.
"ENCHUFISMO"
En ese sentido, el portavoz popular avisa de que gracias a este "método" de canalizar las contrataciones eventuales, en el Ayuntamiento han sido contratados "hermanos y primos" de los miembros del Gobierno local, formado por el PSOE, IU-CA y el concejal no adscrito Alvaro Haro, y también "personas que iban en las listas electorales del PSOE o de IU-CA". El último capítulo de estas contrataciones, según Álvaro Fernández, incluye al hijo del propio alcalde.
El portavoz del PP habla así de un "método" de contrataciones diseñado específicamente para "enchufar" a personas elegidas por los miembros del Gobierno local de un lado, y del otro cosechar "votos" beneficiando con estos contratos a personas siempre escogidas por el Gobierno municipal.