Cuatro de los diez acusados de 'ocupar' en 2007 el Centro Social Ocupado y Autogestionado (CSOA) 'Casas Viejas', para los que la Fiscalía de Sevilla pide ocho meses de cárcel por un delito de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad, han asegurado este martes que los agentes de la Policía Nacional entraron en el inmueble tras "saltarse" el muro y "sin llamar a la puerta", todo ello a pesar de que el inmueble contaba con varias puertas que "no estaban bloqueadas".
Durante la primera jornada del juicio que celebra el Juzgado de lo Penal número 14 de Sevilla, los acusados Luis Miguel L.R., Andrés Z.D., Irene L.B. y Dolores V.M., que únicamente han respondido a las preguntas de sus abogados defensores, se han declarado no responsables de los hechos que les imputa el Ministerio Público.
Estos cuatro imputados han reconocido que el día 29 de noviembre de 2007 se encontraban en dicho inmueble y han asegurado que la primera vez que vieron a los agentes fue cuando se "saltaron" la valla de la finca "sin previo aviso" y "sin llamar a la puerta", todo ello a pesar de que el edificio contaba con varias puertas más por donde se podía acceder sin problemas porque "no estaban bloqueadas", mientras que la puerta principal sí estaba "sellada" porque "no se usaba".
Asimismo, han declarado que no se resistieron a la actuación policial ni desatendieron ninguna orden del Cuerpo, que no recibieron notificación de que ese día iba a producirse el desalojo, y que la Policía no dio orden de desalojar el edificio, precisando en este sentido una imputada que "estuvo en el edificio seis o siete horas porque no me dejaban salir, aún sin estar detenida". "Salí cuando la Policía me dejó salir", ha puesto de manifiesto.
DESÓRDENES PÚBLICOS
Tras estos cuatro acusados ha comparecido Agustín T.G., que ha sido el único que ha reconocido los hechos, y en concreto que se encadenó en un zulo del edificio, hechos por los que la Fiscalía le pide un año de prisión. Este procesado ya fue condenado a pagar una multa de 3.600 euros y una indemnización de 1.200 euros por un delito de calumnias tras acusar a dos agentes de la Policía Nacional de torturas físicas y psicológicas.
También han comparecido ante la juez cuatro acusados de un delito de desórdenes públicos, que se enfrentan a un año de cárcel por unos hechos que, según la Fiscalía, se produjeron de forma paralela al intento de desalojo, cuando un centenar de personas se concentraron frente al inmueble y cortaron varios puntos de las calles Resolana, San Juan de Rivera y Ronda de Capuchinos, desobedecieron las órdenes de los agentes para que volvieran a las aceras y respondieron con agresiones físicas a los policías.
Según la Fiscalía, el acusado Carlos Javier S.E. era quien dirigía y ordenaba a los manifestantes las acciones a realizar en cada momento, mientras que Sergio H.M., Jorge Y.T., y Alicia P.G. desobedecieron "reiteradamente" las órdenes de la Policía y participaron en destrozos del mobiliario urbano en la calle Feria.
NIEGAN DESTROZOS
Carlos Javier ha asegurado que en esa fecha trabajaba como trabajador social en el Pumarejo y se acercó a los manifestantes porque había varias personas conocidas del barrio y a fin de interesarse por lo que ocurría, pero ha negado haber dado indicaciones a los concentrados. "Quién soy yo para dirigir algo, soy trabajador social del barrio pero no dirigente", ha defendido.
"No tengo vinculación con Casas Viejas ni formo parte de la organización", ha relatado, mientras que Sergio H.M. ha asegurado que no participó en la manifestación, sino que se estaba tomando un café en un bar cercano a la calle Feria hasta que en un momento dado un policía se acercó y le pidió la identificación, negando además haber participado en los destrozos ni haber visto cómo estos se producían.
Por último, ha comparecido la pareja compuesta por Jorge Y.T. y Alicia P.G., que han relatado que el día de los hechos se encontraban en el interior de un estudio de arquitectura de la zona cuando, en un momento dado, escucharon "ruido como de cacerolas", por lo que salieron a ver lo que ocurría e "inmediatamente" un agente les exigió que se identificaran.
Ambos, además, han negado haber participado en los destrozos de los que le acusa la Fiscalía durante la primera sesión del juicio, que celebrará dos sesiones más el próximo jueves y el día 3 de octubre.
Para este martes también estaba prevista la declaración de Rubén Iván D.P., para quien el fiscal pide un año de prisión, pero finalmente no ha comparecido al encontrarse trabajando en México.
LOS HECHOS
Según indica la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar a las 8,30 horas del 29 de noviembre de 2007, cuando una comisión judicial se personó auxiliada por varios agentes de la Policía Nacional en este inmueble a fin de proceder al desalojo de la finca, aunque no pudieron acceder a su interior debido a que las puertas de acceso estaban bloqueadas y fuertemente aseguradas.
Tras conseguir acceder a su interior sobre las 9,30 horas, se encontraron a los acusados Luis Miguel L.R. y Andrés Z.D. con el brazo encadenado e introducido en un tubo encastrado en hormigón, mientras que otra imputada estaba en el interior de un pozo cavado en el suelo de una de las habitaciones, colgada a media altura y tumbada en un tablón en horizontal y con un brazo encadenado e introducido en un tubo encastrado en hormigón.
Asimismo, al final del pozo se localizó un pasillo hormigonado de forma rectangular de cuatro metros de longitud que finalizaba en una puerta de hierro fuertemente anclada a la pared, puerta tras la que había un zulo donde se encontraban los acusados Rubén Iván D.P. y Agustín G.T., quienes manifestaron "su voluntad de no abandonar la finca y de permanecer en esa actitud pasiva de forma indefinida", siendo apercibidos por los agentes de que estaban cumpliendo una orden judicial de desahucio y que podrían incurrir en un delito de desobediencia.
Seguidamente, llegaron al lugar los Bomberos, que comprobaron que los dos acusados tenían uno de sus brazos introducidos dentro de un tubo de hierro anclado con una cadena al final del mismo, siendo infructuosas todas las gestiones efectuadas para hacer deponer la actitud de los acusados, que "se negaban a salir y a prestar cualquier tipo de colaboración para ser liberados".
Al día siguiente, se iniciaron las gestiones para desalojar la finca, "continuando los acusados en la misma actitud obstruccionista durante todo el día", de manera que "ante el riesgo grave de derrumbe del habitáculo y de aplastamiento de los que allí se encontraban", los Bomberos aseguraron el habitáculo mediante su apuntalamiento, teniendo los acusados que ser inmovilizados por los policías "dado el gran estado de agitación que presentaban y las amenazas que proferían de derrumbar los puntales".