Después de que el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla incoase procedimiento abreviado contra unas 28 personas por un presunto delito de usurpación cometido al habitar, sin título alguno, las viviendas de la avenida de las Juventudes Musicales propiedad de Ibercaja y bautizadas como Corrala Utopía por dicho colectivo, 15 miembros de este grupo reunido en torno a la autodenominada Corrala "legítima" ha recurrido dicha decisión judicial.
Las últimas novedades de la historia de la Corrala Utopía, como hemos informado, han sido la división del colectivo en dos sectores a cuenta de discrepancias sobre el destino final de los 5.030 euros donados por los diputados provinciales de IU-CA para la causa, así como la decisión del juzgado de Instrucción número 3 de incoar procedimiento abreviado, es decir procesar, a todas y cada una de las personas previamente imputadas a cuenta de la ocupación del citado edificio de viviendas propiedad de Ibercaja.
Ya este lunes, el núcleo de los miembros del colectivo involucrados en los polémicos realojos provisionales y auto denominados como la Corrala "legítima" dado el cisma del grupo, ha celebrado una rueda de prensa frente a la sucursal de Ibercaja de la calle San Fernando, escenario habitual de las protestas del grupo. A través de los abogados Rafael Mayoral y Anabel Segado, que representan a 15 de los 28 procesados hasta ahora conocidos, el colectivo ha informado de que ha formulado un recurso de reforma, susceptible de apelación, contra la decisión del juzgado de Instrucción número tres de incoar procedimiento abreviado en la causa.
"EN SITUACIÓN DE MANIFIESTO ABANDONO"
Uno de los aspectos esgrimidos en este recurso sería la "indefensión" generada al incoar procedimiento abreviado sin haber resuelto, supuestamente, la petición de este sector de los encausados que reclamaba que el presidente de Ibercaja, Amado Franco, prestase declaración en el juzgado para dar "explicaciones" sobre el asunto y "aclarar los hechos", pues como explica Rafael Mayoral, el edificio de viviendas en cuestión "estaba vacío, en situación de manifiesto abandono" y su ocupación "ha garantizado precisamente su conservación hasta la fecha".
Así, más allá de que el grupo alegue que después del desalojo consumado el pasado mes de abril no es comprensible que Ibercaja "persista" en sus acciones judiciales por vía Penal, sus abogados están seguros de que la comparecencia del presidente de Ibercaja podría propiciar el sobreseimiento de la causa, porque "carece de sentido un procedimiento penal por usar un edificio que estaba en manifiesto abandono". Precisamente por ello, han entregado en esta sede de Ibercaja un escrito con destino al presidente de la entidad financiera, al objeto de que acceda a comparecer en el juzgado.
También han tomado la palabra Aguasanta y Toñi, dos de las activistas del grupo que figuran entre las personas procesadas, quienes se han unido a las quejas de los abogados por la división del procedimiento en "múltiples" causas, pues el juzgado a notificado individualmente el procesamiento a cada uno de los encausados, pese a que se trata de los mismos hechos. "No hemos robado ni matado a nadie. Entramos en los pisos porque no teníamos dónde quedarnos", han enfatizado.
LA CORRALA
El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', fue consumado el pasado mes de abril tras casi dos años de ocupación y de una causa judicial incoada por el juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, como consecuencia de las acciones legales emprendidas por 'Ibercaja'.
El desalojo policial de las viviendas, como se recordará, motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos fueron paralizados dado el conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución.
Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.
EVALUACIONES SOCIALES
Tras concluir las nuevas evaluaciones sociales, el Ayuntamiento hispalense había remitido las mismas a la Administración andaluza con una carta dando cuenta de esta labor sobre "15 de las 17 familias solicitadas, con independencia de que hayan sido desalojadas o no".
El Ayuntamiento, en ese sentido, esgrimía su baremo social, aprobado por su propia junta local de gobierno en 2013, señalando que del conjunto de familias, sólo dos de ellas figuran en la lista de familias baremadas para la adjudicación de viviendas sociales, toda vez que el resto de familias no habría mostrado siquiera "deseo" de figurar en el "proceso de intervención social" asociado al baremo municipal.
Finalmente, las nuevas evaluaciones de la situación socioeconómica de estas personas elaboradas por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejaron que ocho de las personas o familias evaluadas se encuentran en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo cual según la Junta ya justifica "plenamente" su realojo provisional; y siete atraviesan una situación "deficitaria o de exclusión social", con lo que la Consejería de Fomento y Vivienda daba por avalados los realojos provisionales ya consumados y acometía los que tenía pendientes.
Después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) zanjó sin consecuencias una denuncia de Manos Limpias contra la consejera de Fomento, Elena Cortés, considerando que estos realojos "no están inspirados por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial".
