La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que lidera Jesús Maeztu, ha anunciado el inicio de una investigación de oficio ante la recepción de quejas por el cobro en este curso, por parte de la Universidad de Sevilla (US), del 100 por ciento de los precios públicos universitarios a estudiantes no comunitarios con permiso de residencia.

   Según la información facilitada por el Defensor, recabada por Europa Press, los afectados, en concreto, dan cuenta de la recepción de un correo electrónico de las Secretarías de sus respectivos centros, notificándoseles que se debe aplicar el concepto académico de 'créditos no residentes permanentes y no comunitarios'.

   De hecho, este requerimiento de pago se habría producido incluso con posterioridad a la formalización de matrícula, elevando "notablemente" las cantidades inicialmente exigidas e incluyéndose además la advertencia expresa de que, en caso de no suscribir la modificación, se tendría por anulada la matrícula.

   Las personas que dirigen su queja a la Defensoría, además de alegar su situación de residentes, destacan que esta circunstancia es "novedosa" respecto a cursos anteriores, en los que habrían abonado los mismos precios públicos que el alumnado español o con régimen comunitario.

   El Defensor asegura haber analizado la normativa de aplicación, comprobando que la posibilidad de exigencia del 100 por ciento de precios públicos viene establecida desde el curso 2012-2013 cuando se trate de personas estudiantes extranjeras, mayores de dieciocho años y que no tengan la condición de residentes, excepto las nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y aquellas a quienes sea de aplicación el régimen comunitario. No obstante, las universidades podrán establecer excepciones si hay circunstancias que lo justifiquen.
EL PRIMER AÑO DE ESTA EXIGENCIA

   Sin embargo, las personas que han acudido al Defensor del Pueblo tienen la condición de residentes al contar con permiso de residencia temporal, entendiendo como extranjeros con residencia, temporal o de larga duración, a aquellos que se encuentren en España y sean titulares de una autorización para residir.

   "Donde la norma no distingue en relación con la condición de residente, no entendemos que pueda quedar justificada la exigencia del 100 por ciento de los precios públicos a personas que cuenten con autorización de residencia temporal", subraya el organismo que dirige Maeztu, que sostiene que estos afectados deben quedar "exceptuados" del ámbito de aplicación de la orden al tener la misma condición de residentes que las que cuenten con autorización de residencia de larga duración o permanente.

   Otra cuestión es que las personas con residencia temporal que han presentado recientemente sus quejas señalan que es la primera vez que se produce la exigencia del 100 por ciento de los precios públicos, pese a que es el tercer año que cursan sus estudios universitarios de Grado en la Hispalense --correspondientes a distintos centros y titulaciones--.

   Ante los hechos expuestos, el Defensor --que ve afectado el derecho fundamental a la educación y el de acceder en condiciones de igualdad a las universidades públicas-- estima oportuno iniciar diligencias para solicitar información relativa a las posibles instrucciones que se hubiesen cursado en relación con la aplicación y/o interpretación de la normativa por la que se establece el pago del 100 por ciento de los precios públicos universitarios a cargo de estudiantes extranjeros no comunitarios.

   Asimismo, resultaría "conveniente" recabar información de las universidades públicas de Andalucía con objeto de conocer desde cuándo se estaría aplicando esta norma, la interpretación que estén dando a la condición de residente y los posibles regímenes de excepciones acordados en el seno de cada una de ellas.

INTERPRETACIÓN "FLEXIBLE" Y "SIEMPRE A FAVOR DEL ALUMNADO"

   Por parte de la Universidad de Sevilla, un portavoz de la Hispalense ha precisado a Europa Press que la US, según ha trasladado a la propia Defensoría, realiza una interpretación "flexible" y "siempre a favor del alumnado" del decreto de la Junta de Andalucía que fija los precios públicos para el curso 2014-2015.

   Así, todos los centros de la sede académica recibieron instrucciones en su momento para que aplicaran matrícula bonificada a todos los estudiantes extranjeros no comunitarios o procedentes de países con convenio que acreditasen su residencia en España, bien fuera residencia temporal o permanente.

   Por lo tanto, la US aplica la norma de forma "generosa" y "flexible", y, sostiene, si existen alumnos a los que se les ha solicitado el 100 por ciento del precio de la matrícula, conforme al decreto mencionado, es porque no han podido certificar su condición de residentes.