La delegada de Asuntos Sociales, Familia y Zonas de Especial Actuación, Lola de Pablo-Blanco, ha señalado que “el único que de verdad apuesta por los PIM es el Ayuntamiento, aportando un millón de euros frente a los insuficientes 90.000 euros que destina la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Sevilla sólo le pide a la Junta de Andalucía que apueste de verdad por las políticas de género, que hay que recordar que son de su competencia exclusiva. A pesar de ello, ayer mismo se publicaba que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) había suspendido las ayudas para el fomento de empleo femenino, la promoción de la igualdad y la inserción laboral de las mujeres, tanto para los municipios como para las Asociaciones de Mujeres”.
Además, ha aclarado que “en ningún caso se ha pretendido interrumpir el programa para revisar las condiciones laborales de la plantilla, sino que el programa tenía una duración determinada, en este caso de dos años que venía dada por la Resolución del IAM que concedía la subvención y expiraba el pasado 31 de diciembre. Y además el Ayuntamiento en ningún momento ha dejado de prestar la información y atención a las víctimas de violencia de género”.
De Pablo-Blanco ha indicado que “el señor Espadas obvia que todo el procedimiento para poner en marcha los PIM lo inició este Gobierno Municipal al solicitar la subvención excepcional en el mes de octubre solicitando la cantidad necesaria para cubrir la jornada completa de todos los profesionales, cuando la Junta de Andalucía debía aportar al menos más del 50% como en otros Ayuntamientos. Debe saber además el señor Espadas que lo que nos ha llegado es una resolución basada en el Anteproyecto de la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía, no en un compromiso de pago”
La delegada de Asuntos Sociales ha explicado que “en octubre se solicitó el importe que junto con el millón de euros del Ayuntamiento hubiera posibilitado nombrar a todo el personal a jornada completa como sería deseable. Inicialmente, el IAM nos contestó que no procedía dar respuesta positiva porque existían bases reguladoras que amparaban actividades. Para esta convocatoria la Junta tenía 5,5 millones con objeto de financiar los centros de información a la mujer de toda Andalucía, convocatoria que precisamente ha dejado este año en suspenso. Y ha sido gracias a la petición que en el mes de octubre formuló el Ayuntamiento la que ha permitido que se encuentre en una situación distinta a la del resto de los Centros de Información de la Comunidad Andaluza. No obstante, a nuestra petición, en su día contestaron que sólo tenía consignado 90.000 euros, por lo que nuevamente se tuvo que presentar la solicitud, reduciéndola a esa cantidad. Habiendo llegado la resolución en la última semana del mes de diciembre es por lo que ahora se están realizando los trámites administrativos para su aceptación y puesta en marcha del programa, al que el Ayuntamiento aporta más de 1.000.000 de euros”.
De Pablo-Blanco ha manifestado que “al señor Espadas se le ha olvidado de nuevo que es concejal del Ayuntamiento de Sevilla, pues vuelve a actuar más como delegado de la Junta. Tanto la convocatoria de ayudas del IAM como las declaraciones de la consejera dicen que deben aportar al menos el 50% del coste de los PIM, lo que en el caso de Sevilla significaría que al menos deberían entregar 500.000 euros al Ayuntamiento en vez de 90.000 euros. Dónde está la apuesta de la Junta para cumplir con sus obligaciones, parece mentira que protesten por pedir más aportación para ejercer una competencia que es suya, cuando en Sevilla las mujeres sólo son atendidas por el Ayuntamiento. Lo que tiene que hacer el señor Espadas es reclamar a sus compañeros de la Junta de Andalucía la resolución del Programa Zonas, que dijeron que en enero estaría y ya estamos a día 8 y no tenemos noticias, aún no ha publicado en BOJA el acuerdo de Consejo de Gobierno del programa de refuerzo a la dependencia”.
Además, la delegada de Asuntos Sociales ha resaltado que “tampoco han respondido a nuestras solicitudes para el Plan de Integración de la Comunidad Gitana de Andalucía o el de Atención a Inmigrantes”; y ha añadido que “no puede obviar que la Junta está obligada a autorizar y financiar todos estos programas al tener las competencias para ello".