El colectivo de extrabajadores de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) despedidos a través del expediente de regulación de empleo (ERE) acometido en 2010 por Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), la sociedad que gestiona los servicios civiles de estas instalaciones para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, ha recurrido ante la Audiencia Provincial la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de archivar la investigación del presunto fraude implícito en dicho ERE. Estos 89 extrabajadores reniegan del acuerdo firmado allá por 2010 por los antiguos miembros del comité de empresa y señalan el cariz político del conflicto.
Hablamos del primer expediente de regulación de empleo acometido por VBR en la plantilla española de la base aérea de Morón de la Frontera, cuyo uso comparten España y Estados Unidos. Y es que hasta el momento, la empresa ha consumado despidos colectivos en 2010, 2013 y 2014, destruyendo 240 puestos de empleo estables.
En el caso del primer ERE, anunciado a finales de 2010, VBR pretendía extinguir 286 puestos de trabajo indefinidos ligados a los servicios de mantenimiento y logística de esta base militar, si bien tras una negociación entre las partes, medió un acuerdo entre la empresa y los representantes de la plantilla para reducir a 150 el número de despidos. Una vez firmado dicho acuerdo, el número final de trabajadores afectados se redujo a 119 al censurar la Inspección de Trabajo la inclusión de 31 empleados que ya habían causado baja en la empresa, extremo investigado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.
A LOS TRIBUNALES
Las diligencias parten de una denuncia formulada por varios extrabajadores de la base afectados por este primer ERE, que entienden que estos hechos sugieren "indicios" de fraude en el caso de las partes firmantes del ERE, prevaricación por parte de la delegada provincial de la Consejería de Empleo y "financiación ilegal y tráfico de influencias" por parte del alcalde de Alcalá de Guadaíra y senador, el socialista Antonio Gutiérrez Limones. Estos extrabajadores consideran que el anterior comité de empresa "entregó" literalmente la plantilla a la empresa a cambio de que el ERE se formulase de tal modo que "beneficiase" a determinados trabajadores relacionados con el mundo de la política y los sindicatos.
Vicente Amador es el presidente del colectivo de 89 trabajadores despedidos a través del ERE pese a que desearían haber conservado sus puestos y que sospechan del cariz del procedimiento. Para él, es absolutamente "seguro" que el anterior comité de empresa de VBR, --pues la plantilla está encabezada ahora por otros representantes--, no reaccionó al ERE de 2010 con una defensa de los trabajadores, sino negociando presuntas contrapartidas para que los trabajadores relacionados con el mundo de la política o los sindicatos, e incluso los miembros del comité de empresa, saliesen "beneficiados".
Porque como bien explica a Europa Press Vicente Amador, la empresa accedió a introducir en el ERE, y por tanto despedir con su correspondiente indemnización de 45 días por año de servicio, a determinados trabajadores que estaban cerca o a punto de cumplir los 65 años, cuando podría haberse desecho de tales empleados sin indemnización alguna sólo con dejar transcurrir el tiempo hasta su jubilación. Según concreta, de los 119 trabajadores despedidos mediante este ERE, 30 de ellos fueron claramente "beneficiados" porque muchos de ellos "estaban ya en estado de prejubilación y cada año hacían sólo poco más de 20 días de trabajo", con lo que "prácticamente no pertenecían ya a la empresa" y a VBR no le compensaba verdaderamente pagarles indemnizaciones por despido.
CONEXIONES CON LA POLÍTICA
"Hay unos tintes políticos enormes en este asunto", dice Vicente Amador sobre estos extrabajadores que, por cierto, estaban relacionados "con el PSOE" o con algún sindicato. En la denuncia de los extrabajadores, recogida por Europa Press, figura el caso del otrora concejal socialista de Alcalá de Guadaíra Francisco García Jiménez, quien "renunció a sus cargos" en el Ayuntamiento y se reincorporó a VBR, donde gozaba de una excedencia, el 13 de septiembre de 2010, coincidiendo con este primer despido colectivo. Según la denuncia, García Jiménez habría percibido una indemnización por despido de aproximadamente 180.000 euros al retornar a la plantilla de la base y ser incluido en el ERE.
Figuran además en la denuncia los despidos de un miembro de UGT que cumplía la edad de jubilación al mes siguiente del ERE y que cobró una indemnización de cerca de 123.000 euros, un hermano del citado concejal socialista miembro además de UGT, otro miembro de UGT padre de un dirigente de la ejecutiva del PSOE de Alcalá de Guadaíra, el presidente de tal agrupación y su hermano, --que sólo afrontaba cuatro años hasta su jubilación--, un exconcejal del PSOE de Morón o incluso el caso de Juan Michi, antaño secretario general de la agrupación socialista de Pino Montano al que le restaban cuatro años para la jubilación y que habría cobrado una indemnización por despido de aproximadamente 134.000 euros, siempre según la denuncia.
EL PAPEL DE LIMONES
La denuncia de los extrabajadores, en ese sentido, atribuía al alcalde de Alcalá el papel de "mediador en la sombra" en la negociación del ERE al haber participado en "reuniones sin que se conozca quién le designa como tal". Vicente Amador explica que tras numerosas diligencias, el Juzgado de Instrucción número 15 decidió el pasado mes de septiembre archivar esta investigación, extremo que él atribuye a las connotaciones "políticas" del asunto, toda vez que los extrabajadores han recurrido esta decisión ante la Audiencia Provincial, al objeto de que la investigación continúe.
Y es que este colectivo de extrabajadores reniega del acuerdo sellado entonces por aquellos miembros del comité de empresa, ahora formado por otros sindicalistas, y considera "ilegítimo" el expediente de regulación de empleo de 2010. "Vamos a seguir luchando", ha enfatizado Vicente Amador.