El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado con el voto favorable del Grupo socialista, IU-CA y el PA, pero la abstención del PP, la extinción del convenio firmado en 1995 entre la institución provincial y el Ayuntamiento hispalense, para la gestión y explotación conjunta de las instalaciones deportivas de las Unidades Residenciales de Miraflores, pertenecientes a la Diputación.
El acuerdo, recogido por Europa Press, expone que fue allá por marzo de 1995 cuando ambas instituciones firmaron un convenio a través del cual el Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla se incorporaba a la gestión y explotación de este recinto deportivo cuya titularidad ostenta la Diputación provincial, acordando ambas partes la creación de una junta rectora formada por miembros de ambas administraciones para la gestión de las instalaciones deportivas.
Pero en mayo y julio de 2014, el IMD comunicaba a la Diputación "la disolución de la junta rectora del centro deportivo", extremo confirmado a través de una resolución de Alcaldía de fecha 25 de julio de 2014 y que ha dado lugar a un procedimiento mediante el cual "las instalaciones y la gestión de las mismas revierten a la Diputación" como titular del recinto. Como conclusión de dicho procedimiento, el pleno ha tratado este jueves la extinción del convenio firmado en 1995 entre las partes.
CRÍTICAS AL IMD
Durante el debate plenario, IU-CA ha lamentado que la ciudad de Sevilla "se quede sin unas instalaciones cedidas por la Diputación por este convenio" que ahora se extingue, criticando que el Ayuntamiento hispalense haya entregado "en muy malas condiciones" las citadas instalaciones, toda vez que los socialistas han defendido que el Consistorio, gobernado por el popular Juan Ignacio Zoido, "no quiere" mantener la gestión de las instalaciones y además "las ha dejado en unas condiciones pésimas", extremo defendido por Manuel Domínguez, portavoz del Gobierno provincial socialista.
El Grupo popular, de su lado, ha alertado de un intento de "distorsionar" la postura del Ayuntamiento, alegando que si el Consistorio ha optado por disolver la junta rectora de esta instalación municipal que compartía con la Diputación ha sido por "imposibilidad jurídica" a cuenta de su Intervención General o de la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. "Se intenta corregir una situación legal extraña", ha dicho señalando el procedimiento emprendido por el IMD para disolver las juntas rectoras de instalaciones deportivas municipales en las que había descubierto desajustes o incidencias.
Mientras estas instalaciones deportivas en cuestión son utilizadas por tres clubes, el PP ha llamado a no caer en la mera "disputa política" y promover que las administraciones "solucionen" el asunto para que la ciudadanía pueda disfrutar de las instalaciones, toda vez que el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha insistido en que al Ayuntamiento "no le interesa" participar en la gestión de este centro, proponiendo llegar a un nuevo convenio conjunto siempre que tal aspecto no implique una "privatización" de estas instalaciones deportivas públicas.