El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha defendido este sábado, Día de Andalucía, a las administraciones locales exigiendo que la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) sea "el único texto normativo, de rango superior al estatal, por el que se rijan los ayuntamientos de Andalucía".
Una defensa que, según ha informado la Diputación en una nota, el mandatario provincial considera "prioritaria" en estos tiempos en los que, "cada vez más, se hace más palpable la tutela que los entes locales sufren desde Madrid, a golpe de efecto legislativo".
Por esta situación, Villalobos ha reivindicado "el cuerpo" de la Laula asegurando que, con su aplicación por encima de la legislación impulsada por el Gobierno central, "se acabarían los problemas de las administraciones locales en cuanto a competencias y legitimación", a la vez que los consistorios ganarían "músculo frente a la dieta impuesta con la reforma local".
"La reforma estatal va en contra del texto andaluz, que ya define las 28 competencias de los ayuntamientos y, además, pone en tela de juicio la propia Ley de Participación en los Tributos de nuestra Comunidad", ha indicado Villalobos.
Asimismo, el presidente provincial ha señalado que la reforma local, o lo que es lo mismo, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Lrsal) auspiciada por el ejecutivo de Mariano Rajoy, "también invade las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía andaluz en materia de régimen local, en concreto en los artículos 59,60 y del 90 al 96 del mismo, en relación a la alteración y creación de municipios".
Lo más "preocupante" para Villalobos, relacionado como el marco competencial y en materia financiera, es que la reforma local "deja fuera los servicios sociales, que son los que fijan la población al territorio". "Hablamos de residencias, guarderías y colegios; eliminando las oficinas de atención a la mujer vaciando de competencias, por tanto, a las administraciones, y sobrecargando a las diputaciones y comunidades autónomas, lo que conllevará la privatización de servicios", ha apuntado.
"Cuando menos nos lo esperemos los municipalistas, el Gobierno del PP no exigirá vía decreto su íntegra aplicación ya que de hecho, aunque esté recurrida en el Tribunal Constitucional (TC), genera incertidumbre e inseguridad jurídica, por lo que no descartamos un colapso de impugnaciones cuando comiencen las distintas interpretaciones por parte de los secretarios municipales", ha argumentado Villalobos, que ha concluido que el TC tendrá "la última palabra" e impondrá "el sentido común, escuchando a todos los municipalistas españoles".