La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido, que actúe con "celeridad y diligencia" ante un bar del entorno de la plaza de la Alfalfa sobre el que pesa un informe de la Policía Local acerca de los veladores instalados por dicho negocio sin la correspondiente autorización. Y es que Maeztu censura que el Consistorio tardase "prácticamente cinco meses" en inspeccionar dicho local desde que se decidiese actuar sobre él.
En su resolución, emitida el pasado 19 de febrero y recogida por Europa Press, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz da cuenta, según su propio resumen, de un "expediente de queja en el que se ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento de Sevilla, a pesar de las manifiestas irregularidades cometidas por un local (del entorno de la plaza de la Alfalfa) largamente denunciado, no ha adoptado todas las medidas a su alcance para impedir que dicho local haya dispuesto durante meses de una terraza de veladores sin autorización, generando elevados niveles de ruido, a pesar de ser reiteradamente denunciado por una vecina afectada e incluso haberse detectado la infracción por la propia Policía Local".
La resolución recuerda que el entorno de la plaza de la Alfalfa está declarado como zona acústicamente saturada (ZAS) y una vecina había promovido una queja contra dos locales que "desarrollan actividades que generan numerosas molestias, de forma habitual y sin que el Ayuntamiento haga nada que lo impida", si bien uno de estos locales cerró sus puertas antes de diciembre de 2014.
Respecto al restante local, exponía esta vecina que había promovido "denuncias por escrito en fechas de 4 y 19 de marzo de 2014, ninguna de las cuales ha sido respondida", si bien la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, merced a este caso, ha recabado dos informes elaborados al respecto por el Ayuntamiento.
LOS INFORMES
El primero de ellos, emitido en julio de 2014 por el director general de Medio Ambiente y Parques y Jardines, expone que en el servicio municipal de Protección Ambiental "constan expedientes de las actividades denunciadas", dando cuenta de órdenes el 13 de marzo para una inspección por parte de la Línea Verde de la Policía Local. El departamento de Maeztu, no obstante, señala que no pudo recabar información sobre si dicha inspección "llegó a realizarse o no en esos cuatro meses" que separaban las denuncias de marzo y el informe de julio del director general de Medio Ambiente.
Al solicitar "un segundo informe al Ayuntamiento", el mismo remitió uno de la Policía Local, firmado en octubre de 2014 por el intendente mayor jefe de los Servicios Operativos de la Policía Local, dando cuenta de que este bar "fue inspeccionado los días 9 de agosto y 28 de septiembre del 2014, siendo denunciado, en este último caso, por tener instalados veladores no licenciados, procediéndose a comunicar las deficiencias observadas a la Dirección General de Medio Ambiente". La promotora de la queja, no obstante, señalaba al respecto que pese a estas actuaciones, el local en cuestión continuaba después "incumpliendo las ordenanzas municipales, en especial sobre colocación de veladores en la vía pública".
Maeztu, de cualquier modo, señala que desde que el 13 de marzo de 2014 se acuerda inspeccionar el bar, "hasta que dicha inspección se efectúa los días 9 de agosto y 28 de septiembre de 2014, transcurren prácticamente cinco meses, plazo excesivo sobre todo si se tiene en cuenta que, más allá de la mera infracción administrativa que supone el uso del espacio público con veladores no autorizados o en número superior al autorizado, se trata también de proteger el descanso de las personas que residen en las viviendas más cercanas al local".
"La ciudadanía no comprende que se tarde todo ese tiempo, cinco meses, en inspeccionar un concreto local, pues supone que durante todo ese tiempo este local ha podido desarrollar una actividad ilícita e impunemente mientras otros empresarios sí se ajustan a las autorizaciones otorgadas", expone la resolución, que recuerda "la obligación legal que tiene ese ayuntamiento de llevar a cabo sus actuaciones inspectoras con la máxima celeridad y diligencia" y pide "medidas lo suficientemente eficaces y con rapidez, para que la tramitación de los expedientes sancionadores que se incoen", sobre todo porque el Consistorio hispalense cuenta con una ordenanza reguladora de las terrazas de veladores.