La juez Mercedes Alaya ha dictado un auto de apertura de juicio oral por la venta "fraudulenta" de suelos de Mercasevilla en 2006 y ha incluido a diez acusados, entre ellos el exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a un exconcejal del PSOE, a técnicos y empresarios.
Tras cinco años de instrucción, la juez acusa al exasesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, al exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet; al exconcejal del PSOE Gonzalo Crespo; y al ex asesor jurídico de la lonja, el abogado Jorge Piñero, según recoge el auto, al que ha tenido acceso Efe.
También acusa al presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; al vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano; al exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando, José Luis Miró Morales; a la exjefa de Vía Pública de Urbanismo, María Victoria Bustamante; y al economista José Antonio Ripollés.
La juez, que rebaja los quince acusados iniciales a diez, les acusa de los delitos de fraude y exacciones ilegales y de prevaricación y les requiere para que presten de manera solidaria una fianza por 33.250.000 euros.
En su auto, Alaya sostiene que hubo un "concierto previo" entre los acusados para que el concurso de los suelos "fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria".
También concluye que "la mayor parte de las licitadoras realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes, hasta concluir con la adjudicación del concurso de manera fraudulenta a favor" de Sanma.
Además, la juez aprecia un delito societario en seis de los acusados, cuatro de ellos cargos públicos y miembros del órgano de administración de Mercasevilla.
Ese delito societario se habría cometido cuando actuaron "con abuso de las funciones propias de su cargo" y tras disponer "fraudulentamente de los bienes de la sociedad en perjuicio de ésta a través de una modalidad de contratación en la que no se valoraba el mayor beneficio económico para la entidad", según la juez.
El auto de Alaya, contra el que no cabe recurso, descarta la responsabilidad civil del Ayuntamiento de Sevilla y considera desistido y apartado del procedimiento como acusación particular a Juan Ignacio Zoido, alcalde de la ciudad.
La Fiscalía de Sevilla había pedido dos años de cárcel para el exportavoz de IU y el exconcejal del PSOE, así como ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Según la Fiscalía, el concurso público de los suelos se hizo con un pliego de condiciones elaborado "a la medida de los intereses de Sando", y de hecho se le adjudicó a pesar de que ofertó 106 millones de euros frente a los 158 millones de su principal competidora, Noga.
