La juez Mercedes Alaya ha rebajado de 620.000 a 297.280 euros las fianzas de responsabilidad civil impuestas a los exconcejales y exportavoces de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García tras su imputación en la causa donde la magistrada investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos a través de una "organización criminal jerarquizada que tendría como centro" a la empresa Fitonovo.
En un auto fechado el pasado 30 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada explica que dicha cantidad resulta, en primer lugar, de multiplicar por tres "el primer cohecho ascendente a 70.000 euros", lo que da un total de 210.000 euros. Cabe recordar que este "primer cohecho" se refiere a los 70.000 euros que habría recibido la formación de IU el 30 de marzo de 2010 en una caja de zapatos procedentes de la 'caja B' de Fitonovo.
Asimismo, la juez impone dicha fianza civil en base al "segundo cohecho", que serían los 85.000 euros que los directivos de Fitonovo habrían entregado a la formación de IU el 18 de febrero de 2011, junto a la anterior cantidad, por la adjudicación de once expedientes para la instalación de césped artificial en campos de fútbol de Sevilla, adjudicados el 13 de abril de 2009 por el Instituto Municipal de Deportes por una cuantía de 6.966.320,80 euros.
La instructora explica que por este "segundo cohecho" debe fijarse como cantidad "el importe de la multa que según la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010 ya no es hasta el triplo del valor de la dádiva, sino multa de hasta 24 meses", ya que "la reforma ha reducido la responsabilidad pecuniaria, pero ha incrementado no obstante la pena de prisión".
"En virtud de lo expuesto procedería fijar como cuota diaria de esta segunda multa la suma de 18 euros, resultando que la multa de 24 meses ascendería a 12.960 euros", dice la juez, que explica que la suma de ambos importes daría como resultado 222.960 euros, más el tercio legal correspondiente, por lo que rebaja a 297.280 euros las fianzas civiles impuestas a ambos imputados.
El 24 de noviembre de 2014, y en el marco de la operación 'Enredadera', la Fiscalía pidió sendas fianzas civiles de 500.000 euros para Torrijos, que se acogió a su derecho a no declarar, y para José Manuel García, que sí declaró y defendió que "para las adjudicaciones se seguían los procedimientos legales establecidos y que para los contratos menores se invitaba al menos a tres empresas".
REBAJA LA FIANZA CIVIL A UN TERCER IMPUTADO LIGADO A IU
De igual modo, y en un segundo auto consultado por Europa Press, la juez ha rebajado de 62.000 a 39.520 euros la fianza civil impuesta a Antonio Miguel Ruiz Carmona, que desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el Ayuntamiento hispalense cuando dicha área era responsabilidad de Torrijos y que fue cesado como miembro de IU en la comisión de Mercados Ambulantes tras su detención en 'Enredadera'.
El imputado, que según la juez fue quien recibió ambos pagos, recurrió alegando que no existe indicio alguno contra él que "determine la responsabilidad criminal" que se le imputa y que por tanto justifique la adopción de tales medidas, por lo que solicitó que fuera revocada la fianza civil impuesta.
Alaya estima parcialmente el recurso y reduce la fianza civil que le impuso "pero no por ninguno de los argumentos esgrimidos por el recurrente", sino porque "la idea de medida justa y equilibrio también preside la fijación de la fianza", y por ello "debe reducirse el importe de la misma pues la multa del tanto al triplo está vigente en el primer cohecho de 70.000 euros".
En relación al segundo cohecho, "de 85.000 euros, dádiva que fue entregada el 18 de febrero de 2011, ya habría entrado en vigor la reforma del Código Penal de la Ley Orgánica 5/2010 --desde el 22 de diciembre de 2010--, y aunque incrementa respecto del referido delito la extensión de la pena privativa de libertad, la multa se fija de 12 a 24 meses".
REBAJA DE 2,1 MILLONES A 728.628 EUROS LA FIANZA A FITONOVO
"Para cuantificar la fianza, estaremos al triplo del valor de la dádiva del primer cohecho, esto es, el triplo de 70.000 euros, considerando que la participación" del imputado, "a los solos efectos de fijar el importe de aquella, debe cifrarse en el diez por ciento de la referida suma, pues presuntamente estaría siguiendo las indicaciones de sus superiores, resultando la suma de 21.000 euros", a la que debe sumarse 8.640 euros del "segundo cohecho" más el tercio legal, dando como resultado 39.520 euros.
En otro auto, la instructora rebaja de 2.185.885,96 euros a 728.628,65 euros la fianza civil impuesta a la entidad Fitonovo, pues, como subraya en las anteriores resoluciones, "de acuerdo con la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010, la multa a imponer por el delito de cohecho ya no es hasta el triplo del valor de la dádiva, sino multa de hasta 24 meses, pues la reforma ha reducido la responsabilidad pecuniaria pero ha incrementado no obstante la pena de prisión".
En virtud de lo anterior, "y habida cuenta que los hechos imputados a la entidad Fitonovo lo son a partir de la entrada en vigor de dicha Ley --fecha a partir de la cual responde como imputada dicha entidad--, procede dejar sin efecto la aplicación del triplo de su valor, que por error se realizó a la suma de 546.471,49 euros" en el auto por el que fijó la fianza, que reduce a dicha cuantía más el tercio legal.
La juez, además, ha dictado otros cuatro autos en los que confirma las fianzas civiles por valor de 384.547 euros impuestas a otros tantos imputados, entre ellos a José Enrique Castro Fernández, jefe de negociado de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla a fecha 31 de diciembre de 2004 a quien impuso una fianza de 12.000 euros.
'CAJA B'
Alaya dice que del análisis del atestado de la Guardia Civil y de los archivos de la 'caja b' de Fitonovo resulta que este imputado "habría recibido la cantidad de 3.000 euros por parte de Fitonovo, con la que ni ha alegado ni ha acreditado que tuviera ninguna relación que justificara dicho pago", sino que, "por contra, ha manifestado en su declaración judicial que conocía a la empresa como una de las trabajaban en Parques y Jardines, y que él en aquella fecha se dedicaba a acompañar al delegado de Parques y Jardines y Vía Pública, Manuel Gómez Lobo, también imputado por la comisión de un delito continuado de cohecho".
"La acreditación documental, unida a su ocupación laboral en relación con Fitonovo y a su relación con otros inculpados de la presente causa, constituyen indicios más que suficientes para considerar verosímil la imputación realizada y por ello mantener la fianza impuesta", pone de manifiesto Alaya.
La magistrada también ha confirmado la fianza civil de 269.347,56 euros impuesta a Juan Antonio Salas Romero, administrador de la sociedad Albaba que "influiría" a través de un amigo en el director general de Medio Ambiente y en el jefe de servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento hispalense para que Albaba "resultara ser beneficiaria del lote segundo del macrocontrato 400/2012 por importe de 48 millones a través de la adjudicación de dicho lote a la UTE Aldilop Conversa, adquiriendo Albaba la participación correspondiente a Aldilop por precio de un euro, comenzando la ejecución del contrato sin que la cesión hubiese sido autorizada por el Ayuntamiento".
La juez también confirma la fianza civil de 80.000 euros impuesta a Carlos Francisco Irigoyen, ingeniero técnico de la Agencia Andaluza del Agua, y la fianza de 23.200 euros de Antonio Nicolás Méndez, funcionario del Ministerio de Fomento de Huelva.