El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) promueve una "prueba caligráfica" en las diligencias relativas al trabajador del Ayuntamiento de Espartinas, gobernado hasta ahora por el popular Domingo Salado, acusado de intentar desviar dinero público hacia una cuenta bancaria controlada por él mismo, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Las diligencias en cuestión fueron incoadas en octubre de 2014 contra Ángel R.P., un trabajador del personal laboral del Ayuntamiento de Espartinas perteneciente al área de Tesorería que, según el ahora alcalde en funciones, Domingo Salado (PP), desempeñaba "desde hace muchos años" labores en esta administración local.
Según manifestaba a Europa Press el alcalde, el Ayuntamiento descubrió que desde el área de Tesorería se promovía una operación para devolver a un vecino del municipio el dinero correspondiente a las licencias de una vivienda, toda vez que la vivienda en cuestión "estaba ya terminada" y lista para ser habitada y la cuenta bancaria a la que estaba previsto destinar el reembolso no pertenecía al titular de la vivienda. Este vecino, según señala, "no esperaba devolución alguna, porque la vivienda está terminada".
"CUENTA VIRTUAL"
Se trataba, según el alcalde, de "una cuenta virtual" en la que, no obstante, "no había dinero ingresado", lo que llevaba al alcalde a precisar que en el momento de ser descubierto el caso no había constancia de que hubiese "desaparecido dinero público", si bien surgía por supuesto la duda de que situaciones así "hayan pasado más veces". El primer edil, en ese sentido, explicaba que inmediatamente después de descubrir esta anomalía, expuso el asunto "a la Guardia Civil", que en su momento tomó declaración a este trabajador municipal ya "suspendido de empleo y sueldo", derivando el asunto en unas diligencias instruidas por el Juzgado mixto número dos de Sanlúcar la Mayor, que habría imputado a este empleado, sin haberle tomado declaración aún.
A día de hoy, las diligencias siguen vivas sin que el juzgado instructor haya tomado declaración aún a Ángel R.P. Y es que dado que se sospecha que el encausado falsificaba la firma del arquitecto municipal para estas presuntas irregularidades, ha sido ordenada la práctica de una "prueba caligráfica" cuyos resultados espera aún la investigación, según fuentes del caso.