Un ex secretario de la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir ha asegurado en su declaración judicial como imputado por unas obras de regadío que un empresario regaló cuatro vehículos todoterreno a cuatro integrantes de la junta rectora de los regantes.
En su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, el gerente de la Comunidad entre el año 2000 y 2009, Juan Rafael Ruiz Cano, ha dicho que "escuchó" que un empresario de Los Palacios (Sevilla) había regalado vehículos al presidente de la comunidad, al gerente (ya fallecido) y a dos miembros de la junta rectora de los regantes.
Los coches los habría regalado un empresario que pertenecía a una UTE a la que se adjudicó en primera instancia la obra, a la que se concedió una subvención de 40 millones de euros, aunque luego se hizo una nueva licitación porque una de las empresas no tenía la calificación exigida.
El exsecretario de los regantes ha negado que a él le regalaran un vehículo y ha asegurado que vio el del presidente y al hijo de uno de los miembros de la junta rectora con otro de los todoterrenos.
También ha dicho que la Junta de Andalucía quería que la empresa adjudicataria fuera andaluza, que le pareció "raro" las compañías elegidas y "no otras más importantes" y que la certificación de 4,2 millones de euros se hizo por "poco" trabajo realizado.
Otros dos miembros de la junta rectora de los regantes han coincidido con el ex gerente en señalar que empresarios implicados en las obras como fabricantes de tubos les invitaron a viajes técnicos en Turquía, París y Vitoria.
El primer director técnico de las obras, Manuel Vázquez Segovia, ha defendido la certificación firmada de 4,2 millones, que ha calificado como "válida y real y en modo alguno falsa e irreal", y ha matizado que el precio en el que fueron valorados los trabajos "no estaba inflado" porque eran "de mercado y muy ajustado".
La Fiscalía, por su parte, asegura que esa certificación era "absolutamente inveraz", uno de los aspectos que se investiga en este caso junto a la irregular concesión de las obras.
Las declaraciones se han producido ante el juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que ha imputado a 21 personas en la investigación sobre la subvención pública de 40 millones de euros concedida en el 2004 para modernizar riegos de las marismas del Guadalquivir en Sevilla.
Ante el juez ya han declarado cuatro ex altos cargos de la Consejería de Agricultura, uno de los cuales dijo que hubo "benevolencias" por parte de la Junta para que esa obra cumpliera los plazos y requisitos formales, mientras que otros dos coincidieron en afirmar que su consejero pidió actuar ante las irregularidades detectadas en la adjudicación de las obras de riego.
El cuatro ex alto cargo en declarar, un jefe de servicio de Promoción Rural de la Consejería de Agricultura, ha afirmado que le extrañó el hecho de que se aprobara una certificación de 4,2 millones de euros para unas obras de riego en las marismas del Guadalquivir en Sevilla porque estaban en "un estado de deterioro que daba pena".
