La Junta de Andalucía ha apuntado que las valoraciones efectuadas por la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional emitidas en el último atestado de la investigación seguida sobre el concurso internacional minero de Aznalcóllar (Sevilla) "no vienen respaldadas por ningún especialista".
Según informa este jueves 'El País', en este atestado la Policía considera que en el concurso para la mina de Aznalcóllar la Junta andaluza alteró los criterios establecidos en la Ley de Minas para difuminar su concreción y así poder aplicar la discrecionalidad y elegir un ganador predeterminado.
En ese sentido, fuentes de la Junta han indicado que la Junta de Andalucía no tiene conocimiento oficial del informe de la UDEF, "y una vez más conoce, parcialmente, su contenido a través de los medios de comunicación".
Ha recordado que el informe policial deberá ser analizado por la Fiscalía de Sevilla y la juez de Instrucción, quienes, según ha recordado la Junta, "en un reciente informe y auto han cuestionado la mayor parte de las acusaciones vertidas en la denuncia de la empresa perdedora y en el atestado policial contra la empresa ganadora del concurso minero".
Respecto a las acusaciones vertidas en el informe policial, la Junta ha precisado que la Ley de Minas "no establece ningún criterio de valoración para desarrollar los pliegos de concursos mineros", por lo que considera que "no parece prudente afirmar que la Junta ha difuminado la concreción de unos criterios para su uso discrecional, cuando estos no existen en la ley".
Asimismo, ha apuntado que el pliego del concurso minero de Aznalcóllar "no incluía entre sus condiciones la valoración de la cuantía total de la inversión de los proyectos que se presentaran, por tanto, difícilmente se pudieron sustraer puntos a uno de los concursantes sobre una valoración de un criterio que no se contemplaba".
La Junta además considera que las valoraciones técnicas que realiza la Policía en su informe, sobre aspectos técnicos y especializados --volúmenes de agua, balsas de residuos o depuradoras-- del proyecto de explotación industrial de la firma ganadora, "no vienen respaldados por ningún especialista en la materia, que pueda refutar las apreciaciones que los técnicos --dos ingenieros superiores de minas de la Junta, ingeniero de montes, ingeniero industrial, biólogo y economista-- realizaron en la valoración de las ofertas".
INTERVENCIÓN DEL CONSULTIVO
Respecto a la intervención del Consejo Consultivo en el concurso, el propio informe policial descrito "se contradice al señalar que la Junta no estaba obligada a remitir el asunto a este órgano, por lo que sorprende dicha afirmación".
Respecto a la presentación del proyecto ganador por parte de Minorbis, la Junta recuerda que "ya ha explicado convenientemente que las bases del concurso internacional de Aznalcóllar preveían expresamente que pudieran participar 'sociedades o instituciones vinculadas mediante acuerdos que explicitasen los compromisos de inversión y los plazos de ejecución'".
La Junta mantiene su "firme intención de colaboración absoluta con la Justicia a fin de aclarar absolutamente cualquier sombra de duda sobre un proceso de adjudicación totalmente riguroso y beneficioso para el empleo y la economía de Andalucía", como lo atestiguan los informes de la Intervención General de la Junta, los servicios jurídicos y el de la propia Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Respecto de las acusaciones vertidas contra otra firma de ingeniería andaluza, de "contrastada trayectoria y reputación", la Junta de Andalucía lamenta que "puedan tan fácilmente ser lanzadas acusaciones contra ella, sin ninguna prueba que las acredite".