El juez que investiga las irregularidades en la Fundación 'DeSevilla' ha citado este lunes a los peritos que analizaron las cuentas de la entidad para que ratifiquen el informe en el que concluyeron que la fundación destinó "más del 70 por ciento" de las ayudas recibidas para programas de cooperación internacional a gastos de personal, que sólo en 2008 ascendieron a 1,1 millones de euros para un grupo de 27 trabajadores vinculados políticamente a Izquierda Unida.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casilla, ha fijado para este lunes la comparecencia de los peritos de 'KPMG Consultores' designados para analizar las cuentas de la ya extinta fundación, que inicialmente habían sido citados en marzo y luego en julio, aunque ambas comparecencias fueron suspendidas.
La idea es que la ratificación del informe pericial se lleve a cabo en una sola jornada, aunque si fuera necesario se habilitarían más días, han indicado las mismas fuentes consultadas, que han añadido que la intención del Juzgado es grabar la comparecencia.
En base a este informe, los responsables de la Fundación 'DeSevilla' en el anterior mandato volvieron a solicitar al juez el pasado 8 de junio que tome declaración como imputado al exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), a toda su Junta de Gobierno, a los patronos que aprobaron las cuentas anuales de 2008, 2009 y 2010, y a otros responsables municipales que intervinieron en las ayudas investigadas.
En el informe de 129 páginas elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, los peritos ponen de manifiesto que "para tener más clara la magnitud de los gastos" de personal aludidos, hay que tener en cuenta que "el número medio de empleados con los que contaba la fundación en el año 2008 es de 27 trabajadores".
"Si tenemos en cuenta el coste de personal que se refleja en sus cuentas anuales", en esa fecha se destinó a gastos del personal de la fundación 1.168.314 euros, lo que "supone un sueldo medio anual por empleado de 43.270,89 euros", una cantidad "nada despreciable teniendo en cuenta que no nos encontramos ante una empresa con una actividad mercantil al uso que pueda generar recursos o riqueza, que sustente importantes costos de personal".
Los peritos añaden, en relación a los gastos de personal, que "en algunos casos, y según la información de carácter público que hemos podido consultar, estas personas se encuentran actualmente vinculadas políticamente con Izquierda Unida".
"DESEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO"
De igual modo, los peritos analizan la situación económico-financiera de la fundación y ponen de manifiesto que, desde el año 2008, "presenta un fondo de maniobra negativo que se incrementa de forma paulatina a lo largo de los años, hasta alcanzar en 2011 la cantidad de 2.176.020 euros", lo que "supone una evidente situación de desequilibrio económico-financiero".
"Los dirigentes y responsables de la fundación han mantenido una línea continuista al frente de la misma pese a que en el año 2007 ya se habían detectado por parte del auditor externo, así como del propio interventor del Ayuntamiento, las deficiencias existentes que ponían de manifiesto, entre otras cuestiones, la imposibilidad de realizar un seguimiento de las subvenciones obtenidas por la fundación", aseveran.
Añaden que, a la vista de las cuentas anuales de la fundación, "se observa y evidencia una desproporción clara entre los ingresos y gastos provocado por la incapacidad de ajustar los gastos de la fundación a los ingresos obtenidos a través de las subvenciones recibidas", una situación ésta que "no ha sido ajena en ningún momento a los órganos de gobierno del propio Ayuntamiento", ya que, "no en vano y según lo analizado, pocas eran las sesiones de la Junta de Gobierno que se organizaban, en las que no se hacía referencia a la situación económica por la que atravesaba" la fundación.
"Entendemos que esta situación no era ajena ni podría escapar de ningún modo al conocimiento del propio Ayuntamiento, ni por ende de los integrantes de su equipo de gobierno, no en vano, su alcalde y teniente de alcalde eran patronos electos de la fundación", dicen en referencia a Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y a Torrijos (IU), respectivamente.
PAPEL "RELEVANTE" DE TORRIJOS
Los peritos aseveran que Torrijos y Carlos Vázquez, secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento hispalense durante el anterior mandato, "tienen un papel muy relevante en la fundación, estando muy involucrados en todas las actuaciones de la entidad".
Centrándose en Carlos Vázquez, indican que "tenía un papel fundamental en cuanto a la toma de decisiones y conocimiento del destino del dinero subvencionado, ejerciendo prácticamente en la totalidad de las sesiones como presidente en funciones, sustituyendo a Alfredo Sánchez Monteseirín", y agregan que "fue adquiriendo con el transcurso del tiempo cada vez más competencias en la toma de decisiones, vinculadas tanto a la parte económica y gestión de recursos humanos, como a la de proponer y afrontar los proyectos a llevar a cabo por la fundación".
De su lado, Torrijos "no solamente estaba al tanto de la situación económica de la fundación, sino que en calidad de teniente de alcalde del Ayuntamiento y delegado de Relaciones Institucionales era la persona que daba el visto bueno a la tramitación de las solicitudes de las subvenciones, así como era la persona encargada de adjudicar las subvenciones correspondientes a la delegación de Relaciones Institucionales".
Torrijos "desempeña un papel clave en lo que a la concesión y aprobación de subvenciones a la fundación se refiere", subrayan los peritos, que también aseguran que en la documentación analizada "no hemos encontrado evidencias en las cuales se acredite que en las subvenciones no justificadas se hayan tomado medidas legales o no por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento, ni de ninguna otra persona vinculada al patronazgo de la fundación, los gobernantes locales, para proceder a la recuperación de esas partidas subvencionadas", lo que ha supuesto una deuda para las arcas municipales de 935.890 euros a 29 de junio de 2011.
SE DESCONOCE EL DESTINO FINAL DE LOS FONDOS
Además, "no ha sido posible obtener ninguna evidencia que indique el destino final que se le ha dado a los fondos que integran las subvenciones recibidas y cuyo gasto no ha sido justificado, así como tampoco devuelto a las arcas de la fundación", señalan los peritos, que destacan que "no sólo no se han devuelto las subvenciones en las cuales no se llevaron a cabo los proyectos para los cuales se habían concedido, sino que, además, el Ayuntamiento aprobó con fecha 25 de abril de 2011 una aportación económica de 967.780 euros con objeto de situar a la fundación en una situación de equilibrio patrimonial".
En esta causa, y además de Torrijos y Carlos Vázquez, el juez ha imputado a Miguel López Adán (IU-CA) como exdirector general de la fundación.