El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Pérez, ha afirmado que la decisión de no pagar las cantidades a Sacyr o a Detea "no se toma por un capricho político ni por ser deudas heredadas", sino porque había informes de los técnicos municipales, en los cuales confiamos, que así lo aconsejaban", por lo que considera que la "única temeridad que ha habido aquí es la del PSOE al plantear los proyectos". "Tomar decisiones en contra de los informes técnicos tiene un nombre, y se llama prevaricación", sentencia.
En un comunicado, ha señalado que el alcalde, Juan Espadas (PSOE) está "acostumbrado" a que el gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) haya "resuelto los numerosos problemas que heredó y por eso le exige que solucione todos, pero es un ejercicio de cinismo culparle de los flagrantes errores cometidos por el PSOE y la dejadez en la realización de proyectos, como en el edificio de La Ranilla o en las Setas de la Encarnación".
"Ambos son claros ejemplos de la falta de rigor, planificación y seriedad que ha caracterizado a los gobiernos socialistas", afirma en un comunicado, añadiendo que tanto en el caso de Detea como en el de Sacyr se ha "negociado" con las empresas que entendían que "sus derechos habían sido dañados".
Además, insiste en que el equipo de Zoido mantuvo "numerosos" contactos para llegar a acuerdos, pero "no podemos aceptar pagos por conceptos que los informes nos dicen que no están justificados". "Es muy desahogado por parte de Espadas culpar a Zoido de errores cometidos en 2010 por no haber llegado a acuerdos. Estoy convencido de que todos los sevillanos son conscientes de que la responsabilidad es de Monteseirín y del PSOE", añade.
El concejal popular ha manifestado que el gobierno de Zoido no se negó a pagar deudas por "el mero hecho de que fueran generadas por gobiernos socialistas, porque en ese caso no hubiéramos reducido la deuda de 790 a 502 millones, sino que no ha querido pagar aquellas que los informes decían que no eran procedentes".
"De hecho, durante los cuatro años de nuestro mandato los sevillanos han tenido que afrontar el pago de cantidades muy elevadas debido a los sobrecostes generados en las obras de los gobiernos socialistas, que además dejaron sin realizar pagos por certificaciones de obras ordinarias o finales, revisiones de precios o intereses de demora", agrega.
Así, señala que por el Metropol Parasol hay una sentencia que obliga al pago de 36 millones, por Ranilla de dos millones de euros y alrededor de seis millones más por otras sentencias por "errores" en los proyectos de ejecución de carriles bici, reforma de la Alameda de Hércules, de las plazas del Pan, la Alfalfa y la Pescadería y las relativas al Plan de Barrios.
