La juez que investiga la concesión para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) tiene previsto concluir mañana las declaraciones de imputados con las comparecencias de cuatro integrantes de la mesa de contratación que participaron en el proceso, a los que acusa de prevaricación.
Según la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, los integrantes de la mesa del concurso público dijeron que una asesora fue la que estudió la solvencia económica de las empresas.
Sin embargo, esa persona negó en el juzgado su participación porque solo le mostraron algún "documento puntual" y no tenía conocimientos para ese tipo de análisis.
Entre los imputados citados para mañana se incluyen Julio Ramos, que acudió en representación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y Alberto Fernández Bueno, jefe del área de Minas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Ciencia y Empleo de la Junta.
Además, están citados mañana el miembro de la mesa de contratación Juan José García Bartolomé, gerente de Inversiones en la Sociedad Gestora de Fondos Capital Riesgo, Inversión y Gestión Capital Riesgo de Andalucía, y Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta de Andalucía y asesora técnica de ordenación minera.
Estas declaraciones se sumarán a las realizadas la pasada semana por otras tres personas imputadas, entre ellas la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio, que defendió la legalidad y exquisitez en el proceso de concesión para reabrir la mina, en la que en 1998 hubo un vertido tóxico.
También comparecieron ante la juez para defender la legalidad del concurso la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y un interventor de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, José Marcos Acosta.