El Gobierno andaluz ha confiado este martes en que los partidos de la oposición y, en especial el PP-A, aprendan la "lección" tras el archivo de la causa judicial abierta por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y que "no todo vale en política" para sacar "rédito electoral". A su juicio, ahora toca el momento de exigir "reparaciones y rectificaciones públicas".
Así se ha pronunciado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha destacado que el archivo de dicha causa judicial confirma lo que la Junta venía diciendo desde el primer minuto, que el procedimiento de adjudicación "se había ajustado derecho y que se había caracterizado por el rigor y la transparencia".
Ha indicado que ahora la obligación de la administración es poner de inmediato la mina en marcha y se alegra por que muchas personas vayan a encontrar empleo en esta mina, situada en una comarca necesitada de oportunidades. Se trata, según ha apuntado, de más de 300 millones de inversión para revitalizar esta comarca.
Ha agregado que el archivo confirma que en Andalucía hay seguridad jurídica y que no hay una administración en España que ofrezca la seguridad jurídica, la estabilidad y las oportunidades que ofrece la Junta.
Vázquez ha expresado que también es una buena noticia para los funcionarios y los responsables públicos de la administración minera, que se han visto envueltos de manera injusta en un "litigio y han visto empañados sus buenos nombres".
El portavoz ha lamentado que haya habido mucha gente interesada en "hacer ruido" con este asunto, anteponiendo los intereses partidarios al interés de los ciudadanos y de Andalucía.
RECTIFICACIONES Y REPARACIONES PÚBLICAS
"Ha quedado demostrado que ese camino conduce a poco y que el tiempo y la justicia ponen las cosas en su sitio", según Vázquez, quien ha expresado el malestar del Gobierno andaluz con el uso que se ha hecho de la investigación judicial.
"Ha habido gente muy interesada en tirar por tierra el nombre de Andalucía", según ha advertido Miguel Ángel Vázquez, para quien ahora toca el momento de exigir "reparaciones y rectificaciones públicas".
Se ha preguntado quién le paga el daño causado a los funcionarios públicos o a responsables políticos que se han visto acosados por "difamaciones injustas". Ha confiado en que todo lo ocurrido lleve a algunos partidos a extraer algunas enseñanzas y que actúen con prudencia y rigor, dejando a un lado el "rédito político a corto plazo".
Ha criticado a esos dirigentes políticos que se han excedido en sus críticas y "difamaciones aprovechando las circunstancias". Ha indicado que no todo "vale en política" y ya está bien de "machar el nombre de las personas", porque después cuesta mucho trabajo borrar esas manchas.
"Hay que dejar ya de encanallar la vida política por la necesidad espuria de conseguir un puñado de votos", según Vázquez, quien ha invitado a los partidos de la oposición a hacer esa reflexión. Ha indicado que espera que el PP-A especialmente tome nota de lo ocurrido y aprenda la lección, porque se ha llevado un "soberano repaso". Algunos dirigentes de ese partido han emitido, según ha señalado, palabras "desafortunadas e infames" que ahora se las tienen que estar "comiendo".
Miguel Ángel Vázquez ha indicado que el gabinete jurídico de la Junta se encargará ahora de analizar todo lo ocurrido y dictaminará si existe algún tipo de cuestión que sea "susceptible de ir por la vía judicial".
Ha insistido en que el Gobierno andaluz es "decente, honesto y que cumple la legalidad", de manera que no van a consentir que se continúe por el camino del "daño gratuito".