El Grupo 17 de Marzo ha criticado este jueves la "desproporcionada" respuesta que, a su juicio, llevó a cabo la Policía al intervenir en el encierro reivindicativo por el que 14 personas, entre las que se encontraba la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato junto con miembros de la PAH, fueron detenidas y puestas posteriormente en "libertad con cargos" tras ocupar una oficina bancaria en la Campana, hasta donde habían llegado para "pedir soluciones para tres familias afectadas por la hipoteca".
En un comunicado, el Grupo 17 de Marzo ha explicado este jueves que varios de sus abogados "tuvieron que asistir en dependencias policiales de Sevilla a 13 activistas detenidos por protestar contra los desahucios en una sucursal del Banco de Santander", y critica la "ilegitimidad" de dichas detenciones.
Para el citado grupo, se trató de una "respuesta policial desproporcionada que se desarrolló sin el debido respeto a las garantías legales de la detención", de modo que "se reprimieron de manera ilegítima derechos fundamentales como la libertad personal, el derecho de manifestación y la libertad de expresión".
En esa línea, incide en que "los activistas fueron esposados y detenidos en el interior de un establecimiento bancario cuando mantenían una protesta totalmente pacífica", y la Policía "no les dio opción de resistirse efectivamente a abandonar el banco y, en vez de ello, los retuvo sin más a pesar de no tener indicios de que hubieran cometido delito alguno", empleando "medios innecesarios" y "esposando sin justificación a un grupo totalmente pacífico de personas de todas las edades".
Desde el Grupo 17 de Marzo resaltan que "ello provocó que dos activistas tuvieran que ser atendidos por dispositivos sanitarios de urgencia y uno de ellos evacuado en ambulancia", así como la "lamentable imagen de un ciudadano desvanecido y en una camilla rodeado de policías que lo escoltaron al vehículo médico como si fuera un peligroso delincuente".
Posteriormente, "ya en dependencias policiales, las personas detenidas no recibieron información escrita de sus derechos tal y como prescribe la legislación en vigor", según el Grupo 17 de Marzo, que incide en la idea de que la detención fue "excesiva, desproporcionada e innecesaria" después de que los arrestados quedaran "puestos en libertad directamente tras declarar ante la policía y sin ser puestos a disposición judicial".
El Grupo 17 de Marzo atisba un uso "ejemplarizante" de la detención policial, empleada como "elemento de disuasión y con intereses políticos que están prohibidos por nuestras normas de procedimiento criminal y constitucionales", según critica.
Concluye exigiendo que "se investigue de qué autoridades gubernativas partió la orden de detener a estos manifestantes, se revise de oficio la regularidad de dichas órdenes y, en consecuencia, se depuren las responsabilidades que procedan".