La Diputación de Sevilla debatirá en el pleno ordinario de este miércoles, la creación de una "comisión técnica" destinada a trabajar en la subsanación y corrección de los aspectos de funcionamiento censurados por la Cámara de Cuentas de Andalucía en un reciente informe, según la portavoz del Gobierno socialista de la institución, Trinidad Argota, quien expone que algunas de estas "recomendaciones" están ya acometidas, otras son de aplicación "inmediata" como la suspensión de tres conceptos laborales y otras requieren de más recorrido para su cumplimiento.
Argota ha celebrado este martes una rueda de prensa en torno al contenido del pleno ordinario que celebra este miércoles la institución provincial, para cerrar el año 2015. En el orden del día destaca un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ejercicio 2012 de determinadas áreas de la institución, así como una resolución al respecto por parte del presidente de la casa, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos.
El mencionado informe de la Cámara de Cuentas, recogido por Europa Press, censura el uso de "transferencias genéricas" por parte de la Diputación para la financiación de gastos de explotación y conceptos específicos de sus entidades íntegramente dependientes, porque "no figura en ninguno de los expedientes examinados la acreditación de la conveniencia u oportunidad de utilizar este procedimiento en relación contra alternativas".
En cuanto a los encargos, señala que "en determinados expedientes se ponen de manifiesto debilidades relacionadas con el objeto, pues tratan de convalidaciones de gastos por actuaciones no incluidas en el mandato inicial, por el surgimiento de necesidades posteriores y por actividades realizadas con anterioridad a la formalización de la correspondiente encomienda", toda vez que los mandatos o encargos analizados en el informe "no están retribuidos por ningún sistema de tarifas ni por otro procedimiento".
El informe expone además que "para un grupo de 17 expedientes de subvenciones excepcionales analizadas, se destaca la falta de acreditación de las razones que dificultaron su convocatoria pública". En el caso de las figuras usadas para la designación de candidatos con la asignación de funciones de superior categoría, la interinidad laboral o funcionarial y la comisión de servicios, aunque este procedimiento "sólo se aplica a los empleados de la Corporación, conculca la normativa vigente por la vulneración de los principios de publicidad, igualdad de oportunidades, transparencia, mérito y capacidad".
CUESTIONES DE RECURSOS HUMANOS
Además, señala que los empleados seleccionados para un puesto de superior categoría perciben la totalidad de la retribución --básica y complementaria-- del puesto de trabajo que van a desempeñar, cuando en el caso de desempeño temporal, "lo adecuado sería la percepción sólo de las retribuciones complementarias del puesto que realmente se esté desempeñando".
Trinidad Argota, al respecto, ha defendido que el mencionado informe contiene "conclusiones y recomendaciones" sobre aspectos acometidos "de un modo no adecuado", pero en ningún caso detecta "irregularidades" contables, administrativas o penales, argumentando que a día de hoy la institución ya ha "corregido" determinados aspectos señalados en el informe, toda vez que otros "necesitan un trabajo más largo" para su subsanación.
En ese sentido, ha expuesto que la resolución de Presidencia que acompaña al informe determina la creación de una "comisión técnica" que hasta el 31 de marzo de 2016 trabajará en la "corrección y subsanación" de los aspectos señalados por este informe, toda vez que en el propio orden del día figura ya la suspensión del premio a la constancia, el premio a la jubilación ordinaria y el modelo retributivo del personal en situación de superior categoría, artículos recogidos en el acuerdo de funcionarios y el convenio colectivo de la institución, como medida "inmediata" a tenor de las "recomendaciones" de la Intervención y la Secretaría General a cuenta del mencionado informe.
Argota ha comprendido la "preocupación" de los sindicatos ante esta medida, pero ha insistido en que la Intervención y la Secretaría General han aconsejado acometer esta suspensión de manera "inmediata" y "no hay más remedio" que hacerlo para evitar cualquier posibilidad de incurrir en "prevaricación", mientras respecto al informe ya han sido "corregidos" otros aspectos señalados como la valoración de puestos de trabajo (VPT) o la sustitución de puestos de libre designación por puestos de funcionario.
El orden del día también contempla la resolución de las alegaciones formuladas al proyecto presupuestario de la Diputación y sus organismos y sociedades para el año 2016, que asciende a más de 416,86 millones de euros tanto en ingresos como en gastos. Las alegaciones, todas ellas de los sindicatos de la institución y sus entidades satélite y no de las fuerzas de oposición, son desestimadas en todos los casos al tratarse de cuestiones "organizativas" propias de negociación con los sindicatos.
LOS FONDOS FEDER
Igualmente, se tratarán los proyectos con los que la institución concurrirá a la nueva convocatoria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) con cuatro proyectos destinados a mejorar el medio ambiente, la movilidad o la inclusión social en comarcas a las que pertenecen 42 municipios.
Se trata de cuatro iniciativas para la "primera corona" del Aljarafe, con 20 municipios que agrupan a casi 300.000 habitantes; la "segunda corona" aljarafeña, en la que se ubican once municipios con casi 70.000 habitantes; el área de Morón de la Frontera, con más de 90.000 habitantes; y el área de Lebrija, que cuenta con tres municipios y más de 50.000 habitantes. En total, los proyectos abarcan 42 municipios y la pretensión es captar algo más de 15 millones de euros para cada uno de ellos, hasta sumar más de 60 millones de subvenciones europeas en el caso de lograr todo el importe solicitado.
Al respecto, la portavoz socialista ha culpado al Gobierno central de que sus criterios de distribución de estos fondos hayan "excluido" a los municipios de las sierras Norte y Sur de Sevilla.
Argota ha explicado además que el orden del día incluye también el "programa operativo" pergeñado por la institución para el Sistema Provincial de Bomberos, de cara al año 2016. Este documento aborda la renovación de la flota con una inversión de unos siete millones de euros dividida en seis anualidades, con especial atención a los vehículos con más de 20 años de antigüedad o más de 175.000 kilómetros recorridos, lo que implicaría la adquisición de 24 nuevos vehículos. El plan recoge además el compromiso de incorporar "20 bomberos funcionarios" y adscribirlos al área Campiña-Sur, así como culminar los nuevos parques de bomberos de Osuna y Lebrija y un nuevo parque "en el eje operativo de la A-92" para las comarcas de la Campiña y la Sierra Sur.
Del mismo modo, el plan contempla un concurso público para el suministro durante cuatro años de nuevos equipos de protección individual (EPI) para los bomberos por valor de 1,6 millones de euros. Además, este plan "operativo" implica la aprobación del "segundo plan director" de bomberos, que comenzará en 2017 para regir al menos seis años, así como la búsqueda de una modalidad a la que ceñir el futuro "ente" gestor del sistema provincial de bomberos. Así, Argota ha defendido que este plan operativo contempla actuaciones y medidas por valor de unos "15 millones" de euros.