Un profesor titular de la Escuela de Arquitectura, Julián Sobrino, ha iniciado en la conocida plataforma de Internet Change.org una campaña de recogida de firmas para pedir la apertura de un comisión de investigación en la Universidad Hispalense sobre el caso de los abusos sexuales en la Facultad de Ciencias de la Educación, cuyo actual decano se ha dado un plazo de reflexión para decidir si pone su cargo a disposición del rector tras las críticas vertidas a su gestión en relación con este asunto.
Vicente Julián Sobrino Simal, miembro del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas de la Universidad de Sevilla, promueve en Change.org una campaña de recogida de firmas después de que, a su juicio, la condena a 7 años de cárcel al catedrático Santiago Romero, de la Facultad de Ciencias de la Educación, por abusos sexuales continuados y lesiones a tres profesoras, haya puesto de manifiesto: primero, que el acoso sexista es una realidad en todas las esferas sociales de nuestro país, siendo especialmente grave en las instituciones educativas; segundo, que las víctimas de machismo no reciben la protección ni el trato adecuado por las instituciones que deben garantizar sus derechos; tercero, que la universidad de Sevilla no ha protegido convenientemente a las dos profesoras y a la becaria objeto de los abusos sexuales del catedrático; cuarto, “que es inaceptable el trato de favor de la universidad de Sevilla hacia este acosador, pues continuó en sus funciones docentes”
Afirma este profesor que la dignidad de las personas y la garantía de sus derechos forman parte del ideario básico de la universidad democrática y que “cuando se conculcan estos principios hay que revisar los protocolos de actuación para que no se reproduzcan, siendo especialmente grave cuando se trata de delitos contra la mujer”.
Por ello, en la plataforma Change.org ha iniciado una campaña de recogida de firmas, abierta a todos los ciudadanos y no sólo a los miembros de la comunidad universitaria, para que la Hispalense abra una investigación interna con el fin de establecer tanto las responsabilidades en las que sus cargos institucionales pudieran haber incurrido, como para actualizar el protocolo de respuesta al acoso sexual en la sede docente e investigadora.
TENSIÓN INTERNA
Por otra parte, el catedrático y actual decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Juan Manuel de Pablos Pons, está reflexionando sobre la conveniencia de poner su cargo a disposición del rector, Miguel Ángel Castro, tras las duras críticas vertidas a su actuación en este caso y el ambiente creado en la Facultad.
La Junta de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Sevilla aprobó hace unos días una declaración en la que denunciaba la “deficiente actuación” de los tres rectores que se han sucedido durante los años transcurridos desde que se conocieron los abusos sexuales en Ciencias de la Educación: Joaquín Luque, Antonio Ramírez de Arellano y el actual, Miguel Ángel Castro.
La Junta de Personal pedía en su declaración que el rector destituyera al decano de la Facultad, por su inhibición en el caso. Según los firmantes de la declaración, "desde el actual Decanato de la Facultad de Educación y desde la actual dirección del Departamento de Educación Física y Deporte no se ofreció el apoyo necesario a las víctimas e incluso se promovió la defensa del abusador. Lamentamos el encubrimiento, el silencio y el apoyo que el abusador ha estado recibiendo durante años de algún personal de su Facultad, cuando se era consciente de sus prácticas despóticas y abusivas".
Los firmantes también exigían responsabilidades al director del Servicio de Prevención, "al no recomendar la aplicación de las medidas cautelares necesarias". "Cuando se tomaron medidas cautelares -afirman- no fueron las adecuadas, ya que no se suspendió al abusador de empleo y sueldo (como se exigió reiteradamente desde las denunciantes y los sindicatos), y se trasladó a las valientes compañeras, víctimas de los abusos, a otras universidades. Además, se le concedió un año sabático al abusador y se dividió el Departamento de Educación Física y Deporte (donde se produjeron los abusos) en dos subdepartamentos (A y B), de manera que el abusador siguió manteniendo su posición de poder y campando a sus anchas por nuestra Universidad. Aunque separaron el horario de clases de la compañera víctima que siguió trabajando en nuestra Universidad y el del acosador, en turno de mañana y tarde, esto no impedía, como sucedió en ocasiones, que pudieran encontrarse por los espacios comunes".
En la declaración suscrita por la Junta de Personal Docente e Investigador se exigen responsabilidades “a todos los gestores implicados de nuestra Universidad", ya que a su juicio "no se tomó ninguna medida hasta que se convocaron dos concentraciones y se hicieron públicos varios comunicados sindicales exigiendo medidas cautelares para evitar que continuaran los abusos en nuestra Universidad, protegiendo así a las denunciantes y a otras personas que pudiesen estar padeciendo la misma situación".
