La juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, ha fijado para este martes el inicio del juicio por el "concurso fraudulento" para la venta de los suelos de Mercasevilla, causa en la que hay diez personas acusadas, entre ellas el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos.

Inicialmente, estaba previsto que el juicio comenzara el día 19 de diciembre y que continuara los días 20, 22 y 23 del mismo mes, sesiones en las que se iban a plantear las cuestiones previas por las partes personadas en el procedimiento, pero la juez decidió aplazarlo a este martes a petición de la abogada del propio Torrijos, que alegó "motivos de salud" para solicitar dicho aplazamiento.

De este modo, y según han informado a Europa Press fuentes del caso, el juicio está previsto que comience este martes y continúe los días 19, 20, 24, 26, 27 y 31 de enero, así como los días 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24 y 28 de febrero --festividad, por cierto, del Día de Andalucía--, y 2, 3, 7, 9 y 10 de marzo de 2017, cuando está previsto que concluya la vista oral.

Tanto la sesión de este martes como las de los días 19 y 20 de enero estarán destinadas a las cuestiones previas y se celebrarán en la sede de la Audiencia Provincial de Sevilla, concretamente en la sala de vistas donde tienen lugar los juicios con jurado popular.

Además de Torrijos, serán juzgados el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; el ex asesor municipal del grupo socialista Domingo Enrique Castaño; el ex concejal socialista y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante; el ex asesor de Mercasevilla Jorge Piñero; el economista José Antonio Ripollés; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y el exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando José Luis Miró.

La Fiscalía, cabe recordarlo, atribuye a los diez acusados un delito de fraude y exacciones ilegales, por el que solicita una condena de dos años de prisión, aunque también atribuye un delito de prevaricación a Mellet y al vicepresidente de Sando por el que les pide una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

LA CAUSA

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, remitió la causa al Decanato para su enjuiciamiento después de que, en abril de 2015, la entonces titular del Juzgado, Mercedes Alaya, abriera juicio oral contra los diez acusados por un delito de fraude y exacciones ilegales en concurso medial con un presunto delito de prevaricación.

La magistrada considera que el delito de fraude y exacciones ilegales "se habría cometido al haber existido con motivo del concurso público sobre la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla un concierto previo" entre los citados cargos públicos, técnicos y empresarios "con el fin de que el citado concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria".

Sobre el delito de prevaricación, la juez indica que se habría producido porque, "a sabiendas", los citados cargos públicos, técnicos y empresarios "se concertaron para actuar al margen del ordenamiento jurídico, tanto por lo que se refiere a la preparación presuntamente ilícita del concurso público".

"OFERTAS DE RELLENO"

Es decir, dicha preparación se llevaría a cabo "desde la elaboración del pliego con la ideación de las cláusulas más controvertidas y que éstas no aparecieran en la reunión de la Comisión Ejecutiva de 8 de noviembre de 2005 --donde el pliego se explica con detalle--, como en la valoración favorable a la entidad Sanma, resultando indiciariamente que la mayor parte de las licitadoras realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes, hasta concluir con la adjudicación del concurso de manera fraudulenta a favor de dicha entidad".

La juez Mercedes Alaya impuso a los acusados una fianza solidaria de 33.250.000 euros luego anulada por la Audiencia Provincial de Sevilla.