El desalojo fijado para este jueves sobre una vivienda del barrio sevillano de Villegas habitada en régimen de alquiler por una familia que acumula impagos en el arrendamiento sido finalmente "suspendido". Aunque la comisión judicial se ha personado en el inmueble, donde se celebraba una concentración ciudadana en respaldo a la familia afectada, los agentes judiciales no habrían llegado a entregar la notificación de desalojo y el juzgado habría resuelto "suspender" la orden de expulsión y conceder un plazo de 15 días, según las fuentes consultadas por Europa Press.
La familia está formada por una pareja y su hijo de sólo cuatro años de edad, quienes llevan residiendo varios años en este piso de alquiler. No obstante, la acumulación de mensualidades de alquiler sin abonar habrían llevado al propietario de la vivienda a emprender acciones judiciales contra esta familia, derivando el asunto en la orden de desalojo fijada para este viernes por la mañana.
La familia en cuestión ha contado con subvenciones municipales para gastos relacionados con el alquiler de la vivienda habitual, merced al tratamiento de este núcleo familiar por parte de los servicios sociales, si bien tales ayudas no fueron suficientes para evitar la orden de desalojo fijada para este viernes.
En un intento de evitar el desalojo, la familia habría abonado unos "800 euros" al propietario de la vivienda, en concepto de dos de las mensualidades de alquiler adeudadas, mediando incluso un "preacuerdo" entre los inquilinos, su abogado de oficio, el propietario del inmueble y la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento de Sevilla, que ha estado asesorando a los afectados, para evitar el desalojo afrontando las cuantías adeudadas mediante ayudas al alquiler de la Dirección General de Servicios Sociales del Consistorio.
"ROTO" EL ACUERDO
No obstante, el mencionado acuerdo no habría sido elevado al juzgado que tramita las acciones judiciales del propietario, al "romper" éste el pacto a última hora, según han informado a Europa Press fuentes municipales. A partir de ahí, y sin que mediase aspecto alguno que paralizase el procedimiento de desalojo, la comisión judicial ha acudido este viernes por la mañana a la vivienda en cuestión, según lo previsto.
Allí les esperaba además del dispositivo municipal una concentración ciudadana apoyada por miembros de IU-CA y Participa, destinada a respaldar a la familia afectada. Los agentes judiciales, según han informado a Europa Press fuentes de ambas fuerzas políticas, no habrían llegado a formalizar la notificación de la orden de desalojo, toda vez que el juez encargado del caso habría optado por "suspender" el mismo y conceder un plazo de "15 días" al objeto de que las partes en conflicto busquen una solución, pues pesa especialmente la situación del menor de cuatro años.
El Ayuntamiento, a través de la Oficina de Vivienda y Servicios Sociales, trabaja ahora para buscar una alternativa para la familia con los programas y ayudas sociales que requieran y ofrecer los recursos habitacionales acordes a la situación económica y familiar de los afectados.
