La asociación Béticos por el Villamarín ha pedido hoy la suspensión cautelar del acuerdo firmado en julio entre el expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, el empresario Luis Oliver y las plataformas Liga de Juristas Béticos y Por nuestro Betis, que tras él han quedado fuera del proceso judicial.

Béticos por el Villamarín considera que "no se constata" el beneficio que supone este acuerdo para la entidad en su escrito, elevado a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla donde tiene lugar el proceso, más allá de evitar un proceso en fase final después de diez años.

Un pacto, además, del que la asociación de Hugo Galera considera que "sólo se conocen los datos que el Consejo estima oportuno dar", al que acusa de falta de transparencia al señalar que "en determinados casos, hay indicios de que no se revela la verdad".

Para Béticos por el Villamarín, el acuerdo se basa en la "compraventa" de unas acciones por parte de Lopera al club cuya propiedad está aún por dilucidar.

"No deja de ser una actuación que raya en el Fraude de ley. Ruiz de Lopera no puede disponer de esas acciones", subraya, e insiste en que Lopera "está obligado a indemnizar daños y perjuicios y para satisfacer esa obligación, se le facilita la entrega de unas acciones de las que no puede disponer".

Por contra recibirá, junto con Luis Oliver, 15,3 millones por las acciones.

Incluso considera que tras la rebaja de la petición de pena de la Fiscalía a la vista del acuerdo -de dos o tres años de prisión y 3,6 millones de indemnización a seis meses de cárcel sustituidos por una multa de 3.600 euros- se facilita que tanto el expresidente bético como el resto de acusados "salgan indemnes y muy favorecidos" pero "a cambio de nada".

En concreto alude a "20.662 acciones, cuyo futuro deberá decidir esta Sala" ya que esta misma asociación solicitó su suspensión "entendiendo que se había producido una apropiación indebida por parte de Farusa".

También cuestiona la legitimidad del acuerdo del 17 de marzo de 2017 del Consejo de Administración del Betis por el que inscribió a nombre de Bitton Sport SL las 59.925 acciones que, hasta ese momento, estaban inscritas a nombre de Farusa.

De hecho, en su escrito, Béticos por el Villamarín solicita al juez que requiera al Consejo de Administración del club para su inclusión en la causa "la escritura pública formalizada ante notario" del acuerdo del 28 de julio y del contrato del 17 de marzo de 2017 con Bitton Sport, "así como cualquier otro documento público o privado que se hubiera firmado por los consejeros delegados o cualquier persona o entidad con poder de representación para ello" con relación a ambos escritos.

Esta asociación defiende su legitimidad para actuar en caso de considerar que las decisiones del consejo de administración están perjudicando al club.

Tras la exposición del abogado de Béticos por el Villamarín en la sesión del juicio de hoy, los letrados del resto de asociaciones y del club defendieron la legitimidad del acuerdo alcanzado y que con él el Betis se dé por resarcido así como su derecho a renunciar a las acciones civiles y penales, por lo que desde hoy mismo han quedado apartados del procedimiento.

La defensa de Lopera y de la Bitton Sport y Farusa, encausadas como responsables civiles subsidiarias, rechazaron que sea objeto del tribunal que enjuicia el caso determinar la validez y legalidad el pacto de julio.