El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por unanimidad la propuesta del Grupo Socialista para solicitar al Gobierno de España la participación y colaboración en los trabajos que han de realizarse en la fosa Pico Reja, "en las mismas condiciones que el resto de administraciones participantes", para exhumar los cuerpos de las más de 1.000 personas que se encuentran allí depositadas y dignificar su memoria.
En su intervención, el alcalde, el socialista Juan Espadas, ha explicado que ya se cuenta con un acuerdo con la Junta de Andalucía y la Diputación a través del cual se produjeron los primeros resultados de la investigación en la fosa y que confirmaron que ésta era de mucho mayor tamaño al previsto. "Es necesario más presupuesto para abordar lo que ha aparecido y ya se la ha solicitado a las Administraciones regional y provincial más crédito, pero también se hace lo propio con el Estado", añade, ante lo que se recuerda que el Gobierno ya hizo una aportación en esa línea en Málaga.
De su lado, el concejal del PP Ignacio Flores se ha puesto en duda la necesidad de traer esta petición al Estado al Pleno, en vez de intentar llegar a un acuerdo por otros medios y ha asegurado que "bienvenida sea cualquier iniciativa que promueva la reparación".
El portavoz de Cs, Javier Millán, ha abogado por que se salde la "deuda con las personas que aún tienen familiares en una fosa o en un lugar desconocido" y apuesta por que se destinen "todos los recursos que sean necesarios para reparar la dignidad". "Tanto la guerra civil como la dictadura forman parte de esa etapa negra que rompió el alma del país", añade.
Asimismo, la portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano, ha puesto en valor que se comiencen a señalizar las fosas, "mucho mayores de lo esperado", teniendo en cuenta que en Pico Reja "se ha pasado de 170 a 700 metros, algo que creemos que puede ocurrir en el resto de fosas". Sin embargo, ha criticado la "carencia en las formas" dentro de la mesa que trata este tema y destaca los "avances gracias al movimiento memorialista".
Por último, la edil de IU Eva Oliva considera "imposible" que los trabajos se completen este año ante la envergadura que tienen y reconoce que se ha avanzado en este mandato en la materia, "teniendo en cuenta la gestión nefasta hecha por el PP en este asunto". Además, se pregunta si se va a hacer la exhumación aunque el Gobierno no aporte, ya que se necesita un importante montante de dinero, y espera que esta moción no sea una "excusa" para no llevarlo a cabo, algo ante lo que la concejal delegada de Educación, Participación ciudadana y Edificios Municipales, Adela Castaño, ha subrayado la apuesta de su gobierno por continuar con las señalizaciones y las actuaciones en esta materia.
DEFENSA DE LAS PENSIONES
Por otra parte, el Pleno ha rechazado la segunda de las mociones ordinarias socialistas en la que se defendía el establecimiento de un sistema público de pensiones con mayor capacidad de redistribución y una reducción de las desigualdades. Esta iniciativa ha contado con el apoyo del PSOE, el rechazo del PP y la abstención de Cs, Participa Sevilla e IU.
En su moción, el PSOE pedía volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015, como la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
También, se instaba a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones; eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013; racionalizar los gastos del sistema; incrementar los ingresos del sistema complementando la financiación de la Seguridad Social e intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a ésta y mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del fondo de reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual.
Por último, se pedía adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40 por ciento existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres, además de introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de "reequilibrio presupuestario", lo que implicaría una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste de ingresos cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40 del siglo XXI.
