La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha dado cuenta en una de sus últimas resoluciones, de seis arrestados consumados a finales de mayo por la Policía Nacional por una situación de ocupación ilegal de viviendas en el ámbito del distrito Sur de Sevilla capital.
En un escrito fechado el pasado 26 de julio y recogido por Europa Press, el departamento de Jesús Maeztu analiza una queja formulada ante su institución con relación a la supuesta "falta de tramitación de diligencias policiales por ocupación de viviendas" en la capital andaluza.
Ante el contenido de dicha queja, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz solicitó a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, dirigida por el popular Ricardo Gil-Toresano hasta que el relevo en el Gobierno central supuso el reciente desembarco del socialista Carlos Toscano al frente de tal departamento, que diese cuenta de las actuaciones policiales acometidas respecto a la situación denunciada.
A tal efecto, expone el área de Jesús Maeztu que merced a la información proporcionada por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, la Comisaría Provincial de la Policía Nacional había dado cuenta el pasado 11 de junio de que la citada ocupación de viviendas fue objeto de dos atestados policiales durante 2017, siendo el asunto tratado por la Comisaría del Distrito Sur, que después trasladó el caso a la Brigada Provincial de Poder Judicial, "competente para este tipo de investigaciones".
DETENCIONES
Y mientras el asunto es fruto además de unas diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número 15, la Comisaría Provincial daba además cuenta de que con relación a la citada ocupación de viviendas, el pasado 22 de mayo fue detenida una persona "por presuntos delitos de amenazas graves y usurpación de bien inmueble", mientras el 30 de mayo fueron arrestadas cinco personas más.
"De estas detenciones, cuatro se han realizado por presuntos delitos de amenazas graves y usurpación de bien inmueble y la otra detención por presuntos delitos de amenazas graves y obstrucción a la Justicia", precisaba la Comisaría Provincial en el informe evacuado a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.
