Franquiciados de las peluquerías Low Cost, investigadas por un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de falsos contratos de formación que alcanza los tres millones de euros y suma ya 37 detenidos, han asegurado que "nunca fueron conscientes de que los contratos eran en fraude de ley" y que "no han percibido" las bonificaciones de los cursos.
Reunidos en torno a una plataforma y representados por la letrada Isabel María Pertíñez Blasco, los franquiciados han indicado que "desconocían" si los trabajadores cumplían o no los requisitos para su contratación a través de este formato y que la academia no estaba homologada. Además, explican que no han percibido las bonificaciones de los cursos puesto que "los propietarios de la franquicia con los certificados digitales de los franquiciados pusieron sus propias cuantas bancarias".
A través de un comunicado, la citada plataforma asegura que el presunto fraude se destapa después de que dos de los franquiciados interpusieran una denuncia contra el franquiciador hace dos años y, posteriormente, la plataforma de afectados hiciera lo propio en agosto. Asimismo, aclara que la modalidad de los contratos en formación es legal y advierte de que los franquiciados "no eran conocedores del fraude" cometido con ellos.
"Eran los propietarios de la franquicia quienes les obligaban, al firmar el contrato de franquicia de peluquería, a contratar con la empresa de asesoría laboral y fiscal, así como con la academia de formación que ellos les imponían. Aunque esta academia indicaba en sus establecimientos estar homologada por la Junta de Andalucía, posteriormente se ha sabido que no estaba", afirma, matizando que ambas empresas eran de los mismos propietarios de la franquicia.
Igualmente, incide en que, al firmar las condiciones de la franquicia, los franquiciados "debían delegar en los dueños de las peluquerías Low Cost todo lo que respecta a la contratación y formación de los empleados". Esto se producía "hasta el punto de que los trabajadores seleccionados eran impuestos a los franquiciados, sin que éstos pudieran escogerlos, ni conocer si cumplían o no los requisitos para el contrato de formación, confiando en la gestión de la franquiciadora para tal fin, al no tener posibilidad de contratar otra asesoría durante la vigencia del contrato de franquicia", añade.
En este marco, insiste en que los franquiciados "no se han beneficiado" de las bonificaciones de los cursos de formación sino que, al contrario, "los pagaron a los dueños de la franquicia y nunca percibieron las bonificaciones de la Junta de Andalucía, puesto que los dueños de la franquicia señalaron en la Tesorería General de la Seguridad Social sus cuentas bancarias y no de los franquiciados, como hubiera correspondido". "No se han beneficiado ni lucrado de los contratos de formación que se les imponían por los dueños de la franquicia", sentencia.
Por otro lado, niega que los trabajadores no asistieran a la formación, aunque, tal como indica que recogen las denuncias interpuestas, "la academia de formación no estaba homologada por la Junta de Andalucía, de manera que la formación que recibían los trabajadores no servía para nada". Además, recuerda los propios franquiciados se quejaban ante los propietarios de que la formación que se impartía "no era correcta, según las indicaciones que les daban sus trabajadores cuando les preguntaban".
Según advierte, "si bien es cierto que gracias a la modalidad de los contratos en formación los seguros sociales de los trabajadores estaban bonificados, no implica por ello que los franquiciadores se lucraran fraudulentamente, puesto que dichos contratos son legales y ellos desconocían que se realizaran en fraude de ley".
Así, subraya que, "lejos de lucrarse, los franquiciados han sido los mayores perjudicados en este fraude". "Crearon puestos de trabajo y tras enterarse del fraude y denunciarlo, han contratado nuevas asesorías y han corregido todos los contratos y mantenido a sus trabajadores, mientras que se encuentran arruinados por las deudas que ahora les reclama la Seguridad Social a causa de las sanciones de la Inspección de Trabajo y Hacienda por no haberles presentado o mal presentado las declaraciones trimestrales", lamenta.
A ello, suma que algunos tienen embargadas sus cuentas bancarias, sus pisos, otros han cerrado sus negocios y están en tratamiento médico y, tras denunciar, "encima se les considera por la Policía Nacional colaboradores de los dueños de la franquicia, tomándoles declaración como delincuentes y saliendo en las noticias como tales y en la misma consideración que los organizadores del fraude, a quienes no se les reclama importe alguno y sí se han lucrado y enriquecido enormemente como presumen en sus redes sociales de coches de alta gama, viajes, comilonas, entre otros".
"Los franquiciados lejos de enriquecerse están endeudados con la Seguridad Social con importes por encima de los 100.000 euros y lo único que han hecho es cumplir un contrato, dar puestos de trabajo y pagar a sus trabajadores", concluye.
