El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Coria del Río (Sevilla) ha citado como investigado el próximo día 4 de marzo al alcalde del municipio, Modesto González (PA), y al sexto teniente alcalde y delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Rafael Cárdenas, después de la denuncia presentada por un trabajador municipal contra ellos como presuntos autores de un delito contra la integridad moral, otro continuado de prevaricación administrativa y un delito contra los derechos de los trabajadores.

En un auto, de 23 de enero y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Primera Instancia e Instrucción número dos de Coria del Río, Elene Alonso, señala que los hechos denunciados presentan características que hacen presumir "la posible existencia de una infracción penal", por ello es procedente instruir diligencias previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza de los hechos.

Así, acuerda incoar diligencias previas y practicar, entre otras, la toma de declaración del perjudicado, José D.P., así como citar como investigados el 4 de marzo al alcalde y al delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de José D.P. relata, en referencia a los delitos de prevaricación y mobbing, "el acoso laboral, violencia psicológica y constante humillación al que está sometido su cliente en su puesto de trabajo por sus superiores jerárquicos", que viene motivado por "no querer acceder a la voluntad de los denunciados de que cubriera puestos de trabajo a su antojo y de tenerlos 'puntualmente informados' de todo lo que ocurre en el Ayuntamiento, primero en la Policía Local y después en la Conserjería del Ayuntamiento con relación personal y acceso directo a todos los miembros de los grupos municipales".

El denunciante tomó posesión de la plaza de Policía Local en Coria en 1987, pero tras caer en una grave depresión y enfermedad le fue concedida una Incapacidad Permanente Total en 2005. Así, solicitó la adscripción a una plaza acorde a sus limitaciones físicas y anímicas.

En el año 2009 el Ayuntamiento comunicó al denunciante, licenciado en Derecho, las plazas vacantes existentes en la plantilla a fin de que eligiera la que entendiera más adecuada a sus limitaciones, decantándose por la plaza de subalterno en el departamento de Información.

Desde el año 2009 al 2013, José D.P. desempeñó sus funciones en dicho departamento "con normalidad". En 2013 la entonces delegada de Recursos Humanos propone verbalmente al denunciante una colaboración puntual con las tareas de notificación del Ayuntamiento, debido al alto volumen existente y hasta que la gran cantidad de trabajo descendiera.

Una vez el volumen de trabajo descendió considerablemente, José D.P. comunicó al nuevo delegado de Recursos Humanos, en este caso del Partido Andalucista, que accede al cargo gracias a la moción de censura de ese mismo año y que llevó a la Alcaldía al investigado Modesto González (PA), su firme intención de reintegrarse en su puesto, manteniéndolo "contra su voluntad" en el puesto de notificador.

MANTENIMIENTO FORZOSO EN UN PUESTO QUE NO LE CORRESPONDE

En este momento está "el inicio de la actuación prevaricadora que se denuncia con el mantenimiento forzoso y arbitrario en unas tareas que no le correspondían, desde ese momento hasta el año 2017 como se
acredita, con el consentimiento y aquietamiento del alcalde y del denunciado Cárdenas, una vez accede al Ayuntamiento tras las elecciones de 2015".

"Lo que al principio fue una aceptación puntual por parte del denunciante, desde el 2013 ha sido una imposición al margen del derecho", expone el trabajador municipal, añadiendo a todo esto "el perjuicio que en su salud estaba provocando el ejercicio de sus tareas en el puesto 'ilegal' de notificador".

Entre otras situaciones denunciadas se cuenta como en 2015 los representantes sindicales del Sindicato Profesional de Policías
Municipales de España (Sppme) venían reivindicando que se les actualizara y abonara lo atrasado del derecho a percibir el complemento específico de sus retribuciones, con inclusión de todos los factores que lo integran así como el plus de asiduidad e indemnización por las diferencias retributivas, por un montante de más de dos millones de euros.

Entonces, Cárdenas "llamó al despacho de mi representado y le ordenó su incorporación en las oficinas de la Jefatura de Policía Local a fin de tenerle informado de lo que se 'cociera' dentro de la Policía Local, porque en caso contrario 'tendría que tomar decisiones que no quería tomar'", expone en la denuncia el abogado.

Ante la negativa de José D.P. y en represalia lo enviaron de nuevo al puesto de notificador, "a patear las calles". En este momento se reestructura la plantilla pero "el único y claramente perjudicado es José, a sabiendas de que arrastra una enfermedad".

El delegado de Recursos Humanos, ante la insistencia de José D.P. de volver a su puesto, "de manera verbal en todos los casos, pues se cuidaban de no dejar por escrito de sus caprichos", le trasladaba que debía incorporarse a puestos de trabajo "tan dispares que presentaban falta de personal o que no estaban siendo desempeñados con eficacia por el personal que lo ocupaba como al departamento de la biblioteca municipal o al departamento de piscina cubierta.

PERIODOS DE BAJA

Todas estas situaciones derivaron distintas recaídas en su salud, incluso teniendo que ser dado de baja en alguna ocasión. Tras cuatro largos meses de baja, causa alta y vuelve a pedir al delegado denunciado su reintegro a su puesto en Información, y se le dice "directa y tajantemente que no".

En julio de 2017, el alcalde comunica que volvería al departamento de Información "sin necesidad de orden por escrito por cuanto era su plaza legalmente obtenida", pareciendo entonces que "termina su calvario de casi cuatro años".

Sobre las humillaciones en el Puesto de Información y vuelta al
Puesto de Notificador, la denuncia enumera situaciones diversas de "acoso moral en el trabajo", como el hecho de que el alcalde, estando el denunciante en el puesto de información --a la entrada del Ayuntamiento--, lo llamó a su despacho para a hacerle ver primero su contrariedad con que los concejales de la oposición "se parasen a
hablar con él" a la entrada; y después se le ordena que "lo tuviera puntualmente informado de cuanto dicen y piensan los concejales
de la oposición, tarea a la que mi representado se niega".

Pocos días después de dicha reunión con el alcalde, el delegado de
Recursos Humanos llama a su despacho a José D.P. y le manifiesta que ha tenido conocimiento de las referidas pretensiones del primer edil, y le sugiere de los beneficios que podrían acarrearle acceder a la voluntad del mismo.

A partir de esa reunión con el denunciado Cárdenas, éste comienza a tener "actitudes humillantes hacia mi representado, tales como
gritarle delante de vecinos o darle órdenes de forma despectiva, de ahí que, en represalia, se le ordene que vuelva a realizar tareas de notificador a sabiendas del grave perjuicio que para su salud le originaba".

Durante todo este tiempo y "consecuencia del daño físico y moral sufrido por parte de los denunciados", José D.P. ha estado recibiendo tratamiento de fisioterapia, psicológico y farmacológico.

Por último, también se denuncia los incumplimientos del Ayuntamiento en materia de prevención de riesgos laborales a sabiendas de la condición de trabajador especialmente sensible.

El denunciante, "hundido profesional y emocionalmente", está diagnosticado de trastorno ansioso depresivo por parte del médico psiquiatra de la Unidad de Salud Mental de la Consejería de Salud de la Junta.