Después de que el pleno de la Diputación de Sevilla aprobase el presupuesto de la institución para 2019, que asciende a 453,1 millones de euros, incluyendo una nueva edición del Plan de Urgencia Municipal (PUM), la entidad ha aprobado la resolución que articula los cinco millones de euros con los que cuenta nuevamente dicho programa, en subvenciones directas a los ayuntamientos para que los mismos contraten temporalmente a personas desfavorecidas.
La nueva edición del PUM cuenta con cinco millones de euros, al igual que en ocasiones anteriores, y para las contrataciones incentivadas los ayuntamientos de la provincia aportarán de su lado 814.139 euros, según detalla la Diputación en un comunicado.
Mediante la resolución aprobada por la Diputación el pasado 4 de febrero, los citados cinco millones son traducidos en subvenciones directas a los municipios, para que gestionen las contrataciones de personas que se encuentran en situación de exclusión o riesgo social para realizar trabajos puntuales, con contratos que oscilan entre los 15 días y 3 meses de duración.
Este Programa cuenta entre sus objetivos con la atención integral a las familias, principalmente a las que se encuentran en situación social y económica desfavorable. El periodo de ejecución se desarrollará hasta el 31 de diciembre de este año, siendo las subvenciones distribuidas entre los municipios en función del número de demandantes de empleo no ocupados de cada localidad, según datos proporcionados por el Servicio Andaluz de Empleo correspondiente al mes de diciembre de 2018.
Los objetivos inmediatos de este Programa son facilitar recursos a familias con grave problemática social, mejorar su situación, dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrategias y técnicas adaptadas a la actual situación económica, incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de riesgo, con carácter preferente a víctimas de violencia de género, con objeto de contribuir a paliar el desempleo de las mujeres. Otro de los objetivos es contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior.
Los destinatarios finales de las ayudas deberán cumplir con los requisitos de estar empadronados en el municipio que realiza la contratación a 1 de enero de 2019, acreditar la situación de desempleo y pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM): familias de un solo miembro hasta 1,5 veces tal indicador; familias de dos miembros hasta 1,75 veces el IPREM; familias de tres o cuatro miembros hasta dos veces el IPREM y familias de cinco o más miembros hasta 2,5 veces.
En cualquier caso, serán los servicios sociales municipales los que determinen qué casos específicos son los que más urgencia tienen para acceder a esta iniciativa de creación de empleo, destinada a traducirse en unas 4.000 contrataciones temporales.
En palabras del presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, "con esta nueva apuesta del Plan de Urgencia Municipal volvemos a atender a una demanda permanente de los alcaldes y alcaldesas de la provincia, que son los que más reclaman estas partidas", recordando que desde que arrancase este programa en 2009, la Diputación ha destinado 69 millones de euros al mismo.
