El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha admitido a Vox como acusación popular en la investigación correspondiente al presunto desfalco de 1.012.275 euros en las cuentas de la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), extremo por el que está investigado el excontable de la entidad, según ha anunciado la portavoz municipal del partido, Cristina Peláez, y figura en un documento judicial fechado el pasado día 4 y recogido por Europa Press.
"Ejerceremos nuestra responsabilidad para defender los intereses de los sevillanos, habida cuenta del prejuicio que se ha podido causar al Ayuntamiento de Sevilla que es, precisamente, el argumento esgrimido por el juez para admitir nuestra presencia como acusación particular", ha dicho al respecto Cristina Peláez, insistiendo en que se trata de un caso "con claras responsabilidades políticas".
Al respecto, Peláez avisaba en el último pleno que este caso "podría ser la punta del iceberg de un caso mucho mayor", mientras el alcalde, el socialista Juan Espadas, recordaba que el extrabajador imputado ingresó hace "30 años" en la empresa como mero empleado, es decir no era "un directivo nombrado por ningún gobierno" ni ningún cargo "a dedo", toda vez que por su trayectoria y como encargado de "supervisar con el máximo rango" la contabilidad "había generado un espacio de confianza entre sus responsables directos, varios a lo largo de los años".
"Estamos en puertas del primer gran escándalo del gobierno de Juan Espadas, que desde un primer momento se ha interesado bien poco por el caso", insiste Peláez frente a la denuncia inicial de la empresa, la ampliación de la misma y la petición de que el excontable fuese citado para declarar y se le impusiesen "medidas cautelares de naturaleza personal ante el riesgo de fuga, ocultación de pruebas o frustración de las posibilidades de recuperación del dinero público y para garantizar la responsabilidad civil", según informaba el Consistorio días atrás.
Avisando de que el Gobierno local pretende "escurrir el bulto y desviar la atención", Peláez ha reiterado de nuevo que "al margen de las responsabilidades penales, hay evidentes responsabilidades políticas que de momento nadie ha asumido, pero que se tendrán que asumir por parte de este Gobierno municipal y, en función de la investigación judicial, incluso de anteriores gobiernos municipales".
