Las universidades andaluzas y la Consejería de Economía, con competencias en materia de política universitaria, acordaron el pasado 2 de abril que ya no habría más clases presenciales este curso como consecuencia del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Desde ese día y hasta el 13 de abril (con una Semana Santa de por medio y varios días festivos por tanto), el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) de la Universidad de Sevilla ha recibido 66 solicitudes de ayuda jurídica por parte de estudiantes que tienen contratos de alquiler abiertos.
La vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios, Ana López, reconoce que la mayoría de las consultas de los estudiantes están relacionadas con la fianza del contrato de alquiler: los caseros entienden que no deben devolverla mientras que los estudiantes consideran que hay causas de fuerza mayor que sí lo justifican. “Buscamos una solución negociada entre las partes para evitar pasos judiciales”, asegura López, que reconoce la dificultad de abordar la casuística derivada del estado de alarma, máxime cuando “no hay sustento legal” previo, apostilla.
Dentro de esa casuística compleja, la vicerrectora de la Universidad de Sevilla alude al caso de los estudiantes que comparten piso y unos deciden irse y otros, quedarse. En estos casos, las negociaciones con los dueños se centran en bajar el alquiler, ya que son menos inquilinos a compartir el gasto. “Algunos lo han bajado, sí”, reconoce Ana López. Por último, hay estudiantes cuyo contrato de alquiler es sobre una habitación. En estos casos, las consultas han estado centradas en cómo recuperar aquellos enseres que se quedaron en el piso de alquiler al salir de él por el estado de alarma.
El alquiler de vivienda para los estudiantes se había vuelto en los últimos años, coincidiendo con el boom de los pisos turísticos, en un quebradero de cabeza. Esta realidad derivó en que la Universidad de Sevilla creara una bolsa con pisos en alquiler, ubicados en su mayoría en la capital y en la zona metropolitana más cercana a Sevilla (caso del Aljarafe, Dos Hermanas y Alcalá). Esta bolsa cuenta con una oferta de 1.500 plazas. Igualmente, la Universidad de Sevilla dispone de residencias propias que suman alrededor de 500 plazas. Pero las necesidades de los estudiantes las ha suplido el sector privado. En Sevilla, en los próximos dos años, la oferta de residencias privadas se incrementará en algo más de 3.000 plazas.
En las residencias propias de las universidades sevillanas, el grueso de los alumnos se ha marchado. Quedan tan sólo 30 residentes en los centros de la Universidad de Sevilla (Hernando Colón, Estanislao del Campo y Ramón Carande) y 107 en el caso de la Flora Tristán de la Pablo de Olavide. A todos ellos se les sigue atendiendo con las medidas de seguridad e higiene necesarias.
En el caso de la Flora Tristán, donde de las 200 plazas disponibles, son 107 los estudiantes que todavía están viviendo en ella, se ha reforzado con dos horas más el servicio de limpieza, con desinfección de ascensor, escaleras y barandillas. Los estudiantes están confinados aunque pueden salir a hacer la compra ya que tienen cocina en sus viviendas (en cada una conviven dos estudiantes).
“No hay problemas de contagios por el momento”, asegura Germán Jaraíz, director de la Flora Tristán, que explica los motivos por los que hay tantos estudiantes todavía allí alojados. “Son estudiantes extranjeros afectados por el cierre de las fronteras por la pandemia y que están teniendo dificultades para poder retornar”. Es el caso de Natalia Pardo. Colombiana de 28 años, llegó a Sevilla para estudiar el Máster agricultura y ganadería ecológica entre el 10 de diciembre y el 26 de abril. “Mi consulado me asegura que va a llevar tiempo, que va para largo”, relata. Por el momento, afirma que no tiene problemas económicos para mantenerse en España, pero que de alargarse la situación quizás tendrá que pedir a su familia que la ayude.
Quien sí está ayudando, como así lo reconoce la propia Natalia, es la Pablo de Olavide. El director de la Flora Tristán explica que las becas de colaboración (aquellas que dan vivienda a cambio de trabajos en el barrio de las Tres Mil, donde está ubicado el centro) se van a mantener aunque no se vayan a hacer esos trabajos en el barrio por estar prohibida la movilidad si no es por un motivo debidamente justificado. Esto supone 70 euros para el pago de los suministros de agua, luz, gas y wifi. Además, las becas de alojamiento que han quedado libres por haberse ido los beneficiarios se están repartiendo entre los que se han quedado. Estas becas suponen 90 euros al mes para la vivienda y 70 de los suministros. No obstante, y como respuesta a esta situación de emergencia, la Olavide ha aprobado un plan de ayudas extraordinario en el que se recoge una línea específica para la residencia universitaria. “Lo primero es subsistir aquí y luego, ayudarles a que puedan retornar a sus países de origen”, apostilla Germán Jaraíz.
Natalia Pardo tenía muchos sueños y expectativas cuando aterrizó a principios de diciembre en el aeropuerto de Sevilla. “Tenía muchas ganas de ver la Semana Santa, que me habían dicho que era muy bonita, y quería visitar Ronda. También me da mucha pena no haber podido hacer siete prácticas que estaban previstas en el máster. Con estos estudios quería implementar en el campo de mis padres lo aprendido. También me gusta la docencia. Pero, bueno, esto me ha enseñado a que tengo que dejar que la vida me sorprenda”, reconoce Natalia mientras ve desde la ventana de su piso de estudiante cómo “pasa el tiempo y no pasa nada”.
