La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, diriga por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para conocer las circunstancias por las que en diversos municipios de La Campiña y Sierra Sur de Sevilla se ha detectado en el agua corriente niveles de benceno por encima de los límites permitidos, así como las medidas adoptadas para solucionar el problema.
En el texto de la queja, consultado por Europa Press, Maeztu expone que han conocido por la prensa que en diversos municipios de La Campiña y Sierra Sur de Sevilla se ha detectado en el agua domiciliaria niveles de benceno por encima de los límites permitidos y ha recordado que aunque la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla habría declarado inicialmente como no apta para consumo humano el agua suministrada en La Luisiana y Marchena y, poco después, la de Écija, a estas localidades se sumaron el domingo 6 de diciembre Arahal, Cañada del Rosal, Morón de la Frontera, El Rubio, Fuentes de Andalucía, Herrera, La Campana, Puebla de Cazalla, Lantejuela, Marinaleda, Osuna y Paradas.
"En total serían 180.000 los vecinos afectados, en un momento delicado por las recomendaciones sanitarias para prevención de la Covid-19 y porque los negocios, sobre todo los de hostelería, están teniendo importantes pérdidas por las restricciones derivadas de la nueva declaración del estado de alarma", señala la Defensoría.
Alude a que las mencionadas poblaciones "habrían sido atendidas con camiones cisternas de agua potable y en pocos días la declaración se habría levantado para varios municipios". Sin embargo, añade que la declaración de no apta se mantenía en Écija, Marchena, Paradas y Herrera y el martes 8 se ampliaba a la Entidad Local Autónoma (ELA) Isla Redonda-Aceñuela.
La queja recoge igualmente que las noticias también señalan que la empresa que gestiona el agua en Marchena "ya detectó un nivel más alto de benceno en sus análisis el día 26 de noviembre" y que la situación se conoció el día 1 de diciembre, "cuando se identificó y dejó de usar el foco que podría haber ocasionado la contaminación del agua, pero la alarma no se dio hasta días después".
Así, Maeztu muestra su "preocupación" por los hechos descritos, dado que "podría suponer la afección de derechos comprendidos en el Título primero de la Constitución y en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía, tales como el derecho a vivir y disfrutar de un medio ambiente adecuado, equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, en particular mediante la adecuada protección del agua, reconocido en el artículo 45 de la Constitución y en el artículo 28 del Estatuto".
Igualmente, apunta que pudiera verse afectado el derecho a la protección de la salud (artículos 43 de la Constitución y 22 del Estatuto), debiendo recordar a los poderes públicos que "les corresponde tutelar la salud pública a través de medidas preventivas", y destaca que el artículo 51 de la Carta Magna "impone a los poderes públicos el deber de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos".
De este modo, el Defensor del Pueblo andaluz afirma que teniendo en cuenta las circunstancias considera oportuno promover esta actuación de oficio para conocer las circunstancias en que se ha originado esta situación y valorar las medidas adoptadas para solucionar el problema y garantizar los derechos de los afectados, una queja dirigida a la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Salud y Familias y al Consorcio de Aguas Plan Écija, como tiular de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) donde se produjo la incidencia.
También solicita informes a las empresas suministradoras afectadas por esta problemática como son Areciar, Hidralia, Aquacampiña y Acciona e invita a los ayuntamientos de las localidades afectadas a remitirle las informaciones que "consideren relevantes para la investigación en curso".
