2.026 menores de 1.999 familias fueron atendidos en 2020 en la provincia de Sevilla por los Equipos de Tratamiento Familiar, que se activa ante problemas de convivencia evitando el maltrato intrafamiliar, siendo en un 40% de los casos la conducta de los menores la que ha provocado la intervención y en un 28% los problemas de convivencia ante una situación de divorcio, además de que la mitad de las familias estaban en situación de vulnerabilidad.
Los datos han sido ofrecidos por la delegada en Sevilla de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Ana González, durante la renovación de los convenios con 17 municipios y la Diputación para el programa de Equipos de Tratamiento Familiar (ETF), un mecanismo de prevención y mejora de la convivencia en las familias. Este programa persigue “eliminar las conductas de maltrato intrafamiliar y potenciar las conductas de paternidad positiva”, ya que, afirma González, “el calor de una familia es insustituible”.
Sevilla cuenta con 28 equipos que en el año 2020 atendieron a 2.026 menores de 1.999 familias. Un 28% de las intervenciones se hicieron en familias divorciadas o en trámites de divorcio sin la custodia compartida y más de la mitad en familias con una situación económica muy precaria. Respecto a las razones de las acciones, en la mitad de los casos la convivencia familiar estaba minada por conflictos entre las parejas y un 40% por problemas de comportamiento de los niños.
En este sentido, Ana González afirma “que la pandemia ha sido un punto de inflexión muy importante”, debido a la situación de tensión durante el confinamiento estricto del primer estado de alarma. Las intervenciones de este programa tienen una duración de entre 13 y 18 meses.
Este programa está dentro de la línea de servicios de prevención, “donde la Consejería pone todos sus esfuerzos”, para evitar que los niños pasen a formar parte de los servicios de protección, tras la retirada de la custodia por parte de los jueces. Para los años 2021 y 2022 el programa cuenta con un presupuesto de 4,2 millones de euros, de los que la Junta aporta 2,6 (63%) millones y los municipios 1,6 millones (37%).
El programa de Equipos de Tratamiento Familiar está constituido por 492 técnicos repartidos en equipos interdisciplinares de psicólogos, trabajadores sociales y educadores y opera en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y 8 diputaciones provinciales de toda Andalucía.
Nayla: un programa para “la prevención de la prevención”
Ana González también pone el foco en los problemas derivados de las nuevas tecnologías, ya que los “jóvenes pasan muchas horas conectados a las redes sociales y, por cuestiones como el teletrabajo, los padres no acaban de conectar con sus hijos”. En este sentido la Consejería ha puesto en marcha el programa Nayla.
“Este programa es la prevención de la prevención”, explica González. El programa Nayla “pionero en Andalucía” pone a disposición de las familias en las que la convivencia falla, la posibilidad de solicitar en los servicios sociales acceder a este programa voluntario para reconducir la situación. Así, se actúan en el primer momento para evitar cronificar los problemas y tener que pasar eventualmente por un programa de equipos de prevención o, en los peores casos, llegar a la retirada de la custodia. Desde que se puso en marcha en enero de este año se han sumado más de 30 familias en Sevilla.
El programa se ofrece en la capital a través de la entidad “Humanos con recursos” y la delegación ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Marchena para ofrecerlo también en la localidad y cubrir a los pueblos vecinos. González informa de que se están explorando nuevos convenios con la voluntad de “acercar los recursos a las personas”.
La ley de Infancia y Adolescencia en Andalucía
La delegada de la Consejería de Igualdad, Servicios Sociales y Conciliación en Sevilla espera la pronta aprobación del anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia en Andalucía, tras haber superado el veto a la totalidad de Vox en el Parlamento de Andalucía. González resalta que “se necesita una actualización tras 17 años”, ya que todo evoluciona, y subraya el amplio consenso de la ley, a excepción de Vox. En estos asuntos que son a un medio o largo plazo “a mayor consenso, mayor éxito” ha reflexionado González, al tiempo que explica cómo el anteproyecto ha contado con las aportaciones de casi todos los grupos, además de la comunidad educativa y el tercer sector. Asimismo, destaca su dotación presupuestaria: 2.500 millones de euros.
“Lo más difícil es la parte de la protección”, según González, y, por ello, se intentan reducir los tiempos de estancia en centros para los menores y promocionar a las familias de acogidas, “personas que lo único que quieren es ayudar”. Además, la delegada ha señalado que uno de los grandes problemas de Sevilla y Andalucía es “la pobreza estructural de muchas familias”, donde los niños se encuentran en una doble vulnerabilidad.
