La desinfección “extraordinaria” que ha habido que hacer este pasado curso escolar en el centenar de colegios de Infantil y Primaria que son competencia del Ayuntamiento de Sevilla ha supuesto un desembolso de 8,2 millones de euros. Cerca de cinco millones (4,9 para ser más exactos) han salido de las arcas municipales. Otros 3,3 millones los puso la Junta de Andalucía a través del Plan Aire, impulsado por el Gobierno de Juanma Moreno para crear empleo vinculado con la lucha contra la pandemia.
Con estos 8,2 millones de euros se realizaron 519 contrataciones en dos fases: 279 de septiembre a mayo de 2021 y 240 a partir de mayo. Esta última fue asumida íntegramente por el Ayuntamiento, con 1,5 millones de euros. Contrataciones que salieron de la bolsa de empleo municipal.
Estos son los números que el alcalde Juan Espadas tenía ayer en mente cuando, a preguntas de Cs en el Pleno sobre las medidas que va a adoptar el Ayuntamiento para controlar la botellona, le replicó: “No voy a admitir otra vez volver a financiar la desinfección Covid de los colegios”. A lo que agregó una exigencia a la Junta: la transferencia de fondos Covid que el Estado ha dado a Andalucía para afrontar gastos como el de la desinfección de los colegios o las horas extraordinarias que la Policía Local está echando para garantizar el cumplimiento de la normativa Covid y no Covid, entre ellas, las concentraciones en la calle para beber sin respetar ni las distancias ni el uso de mascarillas. Espadas pedirá formalmente una reunión al consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs), para abordar la desinfección y dar así “tranquilidad” a las familias.
El portavoz municipal de la formación naranja, Álvaro Pimentel, aludió a que existen “limitaciones legales” para que Educación asuma esas tareas y desempolvó un informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería. Según dicho informe, “las actividades de desinfección no constituirían una obligación nueva y distinta de la obligación de mantenimiento que pone el ordenamiento jurídico en las normas sino que son una forma de cumplir, en unas circunstancias determinadas, con aquella obligación. En todo caso, parece que su omisión dificultaría o haría imposible llevar a cabo, sin un elevado riesgo, la prestación de dicho servicio educativo en relación con las circunstancias actuales”. Espadas pidió a la Junta que no se parapete en un “escudo competencial” y que si hay “colisión” en las interpretaciones -esgrimió informes de la FMAP y de las diputaciones en sentido contrario al de Educación-, “vamos al Consultivo”.
“La rata no es mía”
En el debate del Pleno también se coló la rata que protagonizó la anécdota en el Parlamento el pasado miércoles. Vox aseguró que ese hecho es una prueba más de lo sucia que está Sevilla. “La rata mía no es”, bromeó Espadas, aludiendo a que el Parlamento no es un edificio municipal.
