El pasado 19 de julio, la juez Ana Escribano Mora, del juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, emitió una providencia en la que instaba a “librar oficio a la Policía Judicial a fin de que proceda a la realización de las diligencias necesarias” para esclarecer la denuncia presentada en los tribunales contra el voto por correo en las elecciones en el Colegio de Aparejadores. La denuncia partió de una de las dos candidaturas en liza, concretamente la liderada por Rafael Esteve (Súmate), y derivó en la “incautación, intervención y depósito en la sede del Colegio, a disposición judicial, de los votos emitidos por correo en su totalidad, y del expediente relativo al proceso electoral”, según auto de 4 de junio de este año.

La otra candidatura, encabezada por José Manuel Flores, reclamó el sobreseimiento de la causa, lo que la jueza deniega en su providencia. No obstante, la magistrada recuerda que “el auto acordando la medida cautelar no decretó la paralización del proceso electoral, por lo que éste puede volver a reanudarse a través de una nueva votación o bien con la continuación del escrutinio de los votos que no han sido impugnados o anulados y con la fiscalización que las partes pudieran acordar”.

La candidatura de Rafael Esteve llevó las elecciones a los tribunales apuntando, la “existencia de –presuntamente- irregularidades en la celebración de elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores que podrían ser constitutivas de delitos”. Delitos que se detallan en el desarrollo de la denuncia: “suplantación de identidad y falsedad documentales, además de fraude electoral”. Las “irregularidades iban especialmente orientadas a procurar una situación privilegiada de la candidatura de la actual Junta de Gobierno”, que presidía José Manuel Flores en el momento de las elecciones. 

Una vez está judicializado el asunto, el Colegio manifestó que se ponía a disposición de la justicia, acatando los pasos que ésta fuera dando.