La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a seis años de prisión, así como a varias medidas que eviten el contacto con menores durante diez años, a J.G.R, juzgado por poseer y distribuir vídeos de violaciones anales de bebés.
En su fallo, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, se condena al acusado a seis años de cárcel, inhabilitación especial para trabajar con menores de edad o con discapacidad durante diez años, libertad vigilada durante el mismo tiempo, prohibición de realizar actividades lucrativas u onerosas con menores y le impone la realización de un curso de educación sexual.
El individuo fue detenido en noviembre de 2016 tras un registro en su domicilio en el que se le incautaron más de 33.000 archivos de pornografía infantil, algunos de extrema crudeza, ya que recogían la violación anal de bebés de entre dos y tres años.
La Fiscalía pidió inicialmente siete años de prisión, aunque rebajó la pena en un año al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. La acusación pública, a tenor de las pruebas, entendió plenamente probado que J.G.R. era consciente de que cuando se bajaba el material de contenido pedófilo, de extrema crudeza, no lo hacía por equivocación, dado que usaba búsquedas muy específicas, y que lo estaba compartiendo con otros usuarios de la red, con lo que de este modo lograba una mayor velocidad en las descargas.
La defensa, por contra, mantuvo su petición a la sala de un fallo absolutorio y, subsidiariamente, en caso de condena, que se aplicara a su patrocinado la eximente completa de alteración psíquica, solicitud esta última apoyada en un informe realizado por un experto en Psicología y Sexología que atribuía las descargas pedófilas a un "trastorno de acumulación", una especie de síndrome de Diógenes informático', y a un trastorno osbsesivo-compulsivo y otro trastorno por estrés postraumático.
En este sentido, aunque otra pericial forense descartó que J.G.R. tenga afectadas las bases neurológicas de la imputación, el perito de la defensa mantuvo que el acusado tiende a acumular material en sus ordenadores "y tiene miedo a perderlo". "Esa acumulación de material pornográfico puede deberse al intento de identificarse con vivencias que tuvo en su infancia, con una finalidad diferente a la mera estimulación erótica", señaló.
El psicólogo fue todavía más allá y ha desvelado que quizá se trate de un intento de superar un trama de infancia, como aquel sufrido por J.G.R. cuando unos compañeros de clase le bajaron un día los pantalones y sus genitales quedaron expuestos ante el resto de alumnos. "Fue algo que le marcó", declaró durante la vista el perito, quien también mostró sus dudas de que el acusado presente un perfil de pederasta debido a que él mismo, ante el recelo que tiene sobre todo lo que tenga que ver con la infancia, ha rechazado la posibilidad de mantener relación íntima con un niño.
EXTREMA CRUDEZA
La dureza de las imágenes la puso de manifiesto durante el juicio un guardia civil, ingeniero y experto informático que en su día recibió el encargo de peritar los archivos pedófilos incautados al acusado, "de muy alto contenido degradante".
"¡Ha sido muy duro, a lo largo de mi carrera profesional nunca había visto algo así"!, llegó a señalar el perito quien explicó que recibió más de 21.000 gigas de contenido, entre películas comerciales y los duros archivos sexuales con menores, en una "labor infinita" realizada en la que se encontró "con mucho desorden, salvo en lo relativo al material pedófilo, que estaba muy bien clasificado" y que había sido descargado por el acusado mediante los programas Emule y Ares entre los meses de enero y agosto de 2016.
El guardia civil ha sostenido que el presunto pedófilo, J.G.R, sabía perfectamente lo que hacía ya que al inspeccionar el material halló tutoriales sobre cómo configurar ambos programas y cómo acelerar descargas.
Otro agente que fue el instructor del atestado, por su parte, ha explicado que fue la Unidad Central de la Policía Judicial del Instituto Armado la que, a través del programa Quijote, inició la investigación al detectar la descarga de más de un centenar de archivos pedófilos vinculada a una IP de Valladolid que, por pesquisas posteriores, condujo al domicilio del ahora encausado.
NO ERA PARA OBTENER PLACER
Le localizaron en su lugar de trabajo, le leyeron sus derechos y luego fueron con él a su piso para el correspondiente registro, donde la Guardia Civil se incautó de dos portátiles, distintos discos duro, pendrive, CDs y DVDs, material que el acusado, quien tan solo ha respondido a preguntas de su letrado, alega que lo había bajado sin saber que al mismo tiempo lo estaba compartiendo al carecer de conocimientos informáticos.
El acusado, electricista de profesión, ha explicado que comenzó descargándose películas comerciales y luego pasó a las de porno de adultos para finalmente acceder al infantil, sin que compartiera conscientemente con otros usuarios.
"Lo tenía en secreto para que nadie lo supiera, ni siquiera mi mujer. El material solo lo veía yo", ha insistido J.G.R, quien ha alegado que la contemplación de dicho material no le causaba placer alguno y lo hacía para superar algún trauma sufrido en su infancia en la que, tal y como ha incidido, fue acosado por un hermano mayor y tuvo problemas con otros niños.
