La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales seis años y medio de prisión para diez presuntos miembros de una banda que trasladaba a diversos países de Europa a ciudadanos africanos que entraban en España de forma irregular guiados por redes internacionales a cambio de importantes sumas de dinero.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el martes el juicio por esta causa entre cuyos acusados se encuentran responsables de una ONG que tenía su centro en la localidad madrileña de Ambite, que desde 2014 participaba en un programa de ayuda humanitaria a inmigrantes en situación irregular subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y el dueño de una empresa de autobuses.

El Ministerio Público sostiene que por lo menos desde 2015, uno de los acusados, I.G.M., se dedicaba a recibir y trasladar a otros países del espacio Schengen a ciudadanos africanos que entraban en España irregularmente tras emprender un viaje desde sus países de origen, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Níger, Uganda, Guinea Bissau, entre otros.

Las víctimas eran guiadas hasta España por redes criminales internacionales a cambio de importantes sumas de dinero y les hacían pasar desde el norte de África a las costas españolas en pateras y otros medios de navegación precarios.

Una vez en España, cuando ya estaban ubicados en los centros de estancia temporal (CETI) o en los de internamiento de extranjeros (CIE), las víctimas contactaban con I.G.M., cuyo teléfono les era facilitado en algunas ocasiones por los contactos que tenía en Marruecos y en otras en los propios CETIS y CIES por sus compatriotas.

Contactaban con él para que les proporcionara los medios para llegar a sus destinos finales (Francia, Bélgica y Alemania principalmente) a pesar de su situación de estancia irregular en España.

I.G.M., que centralizó su actuación en Madrid, les daba instrucciones sobre los pagos a seguir y les alojarles en diferentes pisos hasta que les conseguís billetes de autobús para viajar a sus destinos finales en Europa.

Además les decía que en caso de ser detenidos en la frontera entre España y Francia una vez puestos en libertad contactaran telefónicamente con él o con sus colaboradores para que les indicaran los pasos a seguir para conseguir su objetivo final, lo que consiguieron en gran número de ocasiones.

En estas operaciones I.G.M. contaba con tres colaboradores que contactaban con una empresa de autobuses, cuyo dueño era el también acusado F.V.C..

La Fiscalía destaca que I.G.M. se valió de esa empresa para desplegar una "incesante" actividad de traslado de inmigrantes irregulares desde Madrid a diferentes ciudades de Francia, Alemania, Bélgica y Luxemburgo.

Añade que F.V.C. era plenamente conocedor de la realización de estos viajes gracias a su empresa, favorecidos de la ausencia de control de la documentación de los viajeros por parte de los conductores para incrementar el beneficio económico dada la frecuencia y regularidad de estos desplazamientos durante al menos 2015 y 2016, consiguiendo muchos migrantes atravesar la frontera francesa con éxito.

Parte de los inmigrantes en situación irregular transportados en los autobuses procedían de la ONG que participaba en el programa de acogida y asistencia en su centro de Ambite de inmigrantes irregulares enviados desde los CETI de Ceuta y Melilla, CIES y comisarías de Policía, debiendo comprometerse la ONG a su acogida integral (alojamiento, manutención y cobertura de sus necesidades básicas).

Además a facilitarles unas mínimas herramientas sociales (fomentar el aprendizaje del idioma, formación y orientación) y en el momento de sus salidas ayudarles con una cantidad económica o con medios para desplazarse hasta el lugar donde pudiera tener algún contacto o vinculación pero siempre dentro de España al tratarse de inmigrantes en situación irregular.

Pero los responsables de la ONG decidieron promover la continuación del proceso migratorio irregular de dichas personas hacia los mencionados países europeos.

Para ello proporcionaban a los inmigrantes billetes de autobús para los desplazamientos con la empresa de F.V.C., en los que viajaban indocumentados, siempre según la Fiscalía.