El PP, CiU, UPyD, el PNV, y buena parte del Grupo Mixto han pactado un texto en el Congreso por el que instan al Gobierno a cumplir el compromiso formulado por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, en la Cámara Baja la pasada semana, de presentar en seis meses una 'ley nacional' de custodia compartida. La iniciativa, impulsada por UPyD, ha cosechado el rechazo del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Amaiur y Compromis-Equo.
En concreto, la Cámara Baja insta al Gobierno a que en el plazo máximo de seis meses, y sin perjuicio de las especialidades correspondientes en las comunidades en las que exista un Derecho Civil Foral propio, se desarrolle la regulación legal que modifique el artículo 92 del Código Civil y cuantos otros preceptos fueren necesarios, para conseguir la viabilidad de la guardia y custodia compartida en los supuestos de ruptura de la unidad familiar.
En esta modificación quieren que se incluya igualmente un impulso a la conciliación, además de que se atienda al interés superior del menor, debiendo entenderse como un derecho del menor a relacionarse con ambos progenitores, así como a la inversa, la obligación que tienen éstos de ejercitar la corresponsabilidad parental.
Precisamente, el propio ministro señaló que iba a encargar una modificación del Código Civil, que debe estar listo en seis meses, para que su artículo 92 dejase de contemplar el carácter excepcional de la custodia compartida de menores en los casos de separaciones y divorcios.
En concreto, el Código Civil establece que el juez puede conceder el modelo de custodia compartida, previa petición de una de las partes, y con un informe vinculante del Fiscal, lo que a juicio de UPyD, provoca que la posibilidad de que esto suceda sea "ciertamente reducida".
Posteriormente, en un encuentro con periodistas en los pasillos del Congreso, Ruíz-Gallardón especificó también que la futura normativa iba a contemplar una cláusula que permitirá que, en cualquier momento, se podrá revisar el caso de custodia de los hijos en caso de separación o divorcio.
DEBE PREVALECER EL INTERÉS DEL MENOR
La portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, ha defendido la iniciativa resaltando que cada sociedad es distinta y que no hay que favorecer que, automáticamente, se conceda la custodia a las madres, en caso de divorcio o separación de los progenitores.
"La ley debe permitir el análisis de cada caso y que siempre se prime el derecho del menor", ha insistido, al mismo tiempo que ha reiterado que en la actualidad en muchos casos se les concede directamente la custodia a las madres, a las que se les traspasan todas las cargas, sin tener en cuenta al menor, que igual le favorece más estar con ambos progenitores.
Así, ha recordado que varias comunidades autónomas han legislado sobre la materia de forma distinta y en todas ellas se ha primado al menor. "Todos han favorecido la defensa del menor y sus derechos por encima de cualquier otra consideración, apuntan en la dirección correcta", ha asegurado.
Por parte del Grupo Popular, Dolors Monsterrat ha insistido en que desde el PP se prioriza un modelo que prime por encime de todo al menor y, entre otros puntos, establezca que el informe del fiscal no sea vinculante para que los padres partan desde una situación de igualdad.
Igualmente, apuesta por disponer de una norma nacional sin menoscabar las competencias autonómicas. "Me sorprende que el PSOE y la Izquierda Plural voten en contra cuando en sus comunidades autónomas si votaron por la custodia compartida", ha agregado.
Desde el PSOE, Carmen Montón ha asegurado que, en lo relativo a la custodia de los menores, la preocupación de los socialistas es el interés superior del menor que, a su juicio, donde deben centrarse exclusivamente el debate sobre la custodia, en los ámbitos de separación y divorcio.
"Estamos a favor de la custodia compartida si así lo acuerdan de forma voluntaria y libremente los progenitores, a través del mutuo acuerdo, con todas las garantías de la ley y en interés del menor", ha reivindicado.
Montón, ha recordado a su vez que la custodia compartida de los hijos en este tipo de procedimientos ya está regulada en España y que fue el Gobierno socialista quien en 2005 la introdujo en el sistema jurídico.
Desde el PNV, Emilio Olabarria, ha resaltado que distintas administraciones se han manifestado en favor de la custodia compartida y que la respuesta jurisdiccional es conceder en un 85 por ciento la custodia a la madre.
Merce Pigem, de CiU, ha mostrado su respeto por cada una de las personas que, después de separarse o divorciarse, no han sido capaces de llegar a un acuerdo en la custodia de sus hijos y han visto privadas las relaciones con estos. Además, ha resaltado que el único interés que siempre debe prevalecer es el del menor y como las circunstancias de la familia son diferentes debe haber un tiempo y una valoración distintos para cada situación.
APOYO DEL GRUPO MIXTO
Desde UPN, Carlos Salvador, que ha apoyado la iniciativa, junto a otros compañeros del Grupo Mixto como Geroa Bai, BNG, Foro de Asturias, o Coalición Canaria-Nueva Canarias, ha indicado que apoyará todo cambio normativo sobre la custodia compartida siempre y cuando se impulse, en primer lugar, un servicio a la conciliación que busque un acuerdo libre entre los progenitores, que se blinde el interés de los menores, no se utilicen los hijos "como armas arrojadizas", y donde se incluya el principio de corresponsabilidad parental.
Olaia Fernández Davila, del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), ha subrayado que el interés del menor es siempre lo que está en juego y por ello va a votar favorablemente a esta moción, para poder normalizar la custodia compartida.
En julio de 2010 ya se aprobó una moción del PP en el Senado según la cual la Cámara Alta instaba al Gobierno a emprender "las modificaciones legales necesarias para que la custodia compartida sea considerada como modelo preferente", motivo por el cual pregunta si ahora que es partido de Gobierno va a tomar medidas al respecto.