Familiares de niños robados durante la dictadura y hasta los primeros años de la democracia se reunirán este miércoles con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y su equipo jurídico para denunciar el "trato inhumano" que están sufriendo y pedir su amparo ante la "continuada" violación de sus derechos constitucionales.
El 'Colectivo Sin Identidad de las Islas Canarias', que reúne a decenas de afectados en la comunidad, confía en que la institución dirigida por Soledad Becerril se implique en el caso y "active" la búsqueda de sus desaparecidos.
"Nuestra esperanza es que lo tome como una cuestión propia e impulse las búsquedas, que deberían haberse realizado por iniciativa del Estado hace mucho tiempo", ha explicado a Europa Press el abogado de la asociación Miguel Ángel Rodríguez.
Se trata de la primera vez que las víctimas de los 'bebés robados' acuden a la Defensora del Pueblo para pedir su protección y lo hacen al entender que es de "máxima urgencia y gravedad" la situación que están viviendo.
Mientras muchas familias padecen "un daño psicológico enorme" al ver cómo los años pasan y siguen sin encontrar a los hijos que les fueron sustraídos, otros afectados "van por las calles y no saben ni siquiera cómo se llaman, cuál es su nombre real". "Tienen derecho a su identidad", añaden.
"ANÓMALO" FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO
El abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, autor del libro 'El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad', junto con el historiador Francisco González de Tena expondrán durante el encuentro la vulneración del derecho a la vida familiar y a no recibir un "trato inhumano" que padecen los afectados. Estos derechos se recogen en los artículos 18.1 y 15 de la Constitución española, respectivamente.
"Con independencia de cómo y cuándo se sustancien las actuaciones penales, hay miles de familias que están teniendo un sufrimiento inhumano prohibido por la Constitución", advierte el letrado, para poner el foco en que, actualmente, el "Estado español no está buscando a los niños".
El colectivo ilustra este "anómalo" funcionamiento del Estado al afirmar que hay más de 1.200 diligencias abiertas por la Fiscalía y, sin embargo, no hay ninguna unidad policial dedicada a localizar a los desaparecidos y restituírselos a sus familias.
En este sentido, los afectados muestran su deseo de que la acción que pueda ejercer la Defensora del Pueblo sirva para iniciar "lo antes posible" las averiguaciones sobre el paradero de sus seres queridos.
Por último, la asociación pone en evidencia la doctrina internacional que reconoce a las familias como víctimas indirectas y establece la "obligación básica" del Estado de buscar a los hijos, padres o hermanos que buscan.
Recuerdan el 'caso de Quinteros Almeida contra Uruguay' en el que el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció la incertidumbre que una mujer había sufrido cuando los militares uruguayos se llevaron a su hija en 1976 y nunca más supo de su paradero. Naciones Unidas comprendió su "profundo pesar y angustia" y reconoció entonces su derecho a saber qué le había ocurrido a su hija.